El 17 de julio pasado se cumplieron 77 años del golpe de Estado de los generales José Sanjurjo, Emilio Mola y Francisco Franco contra el gobierno republicano español, que dio inicio a la guerra civil y al régimen franquista en España Quiso el destino que pagara mis diatribas contra el “Caudillo de España por la Gracia de Dios” obligándome a dormir en sus mismas habitación y cama.
Fue durante mi visita de Estado a España en septiembre de 1989. El helicóptero del rey nos condujo desde el aeropuerto hasta el palacio real “El Pardo”, donde nos alojamos. Esa fue la residencia de Franco durante los 36 años de su autocracia. ¡Allí verifiqué que eso de que los “espíritus” te halan de los pies en las noches es un cuento!
Lo que no fue cuento es que en julio de 1960 sufrí en Madrid los efectos de la dictadura franquista. Por hablar mal del “panzón” Franco en un taxi -no sabía que los taxistas eran parte del espionaje- fui a parar a la cárcel. Me metieron en una cueva subterránea de un edificio en la plaza “Puerta del Sol”, tan estrecha que no podía ponerme de pie. Estuve allí 9 horas. Y, dados los antecedentes del franquismo, pensé que no saldría vivo.
El falangismo se apoderó de España después de la guerra civil que a lo largo de tres años costó casi un millón de muertos.
Dentro de su hojarasca seudoideológica, el falangismo -versión española del fascismo- formó una unidad autocrática con Mussolini y Hitler, cuyas fuerzas militares le ayudaron a triunfar en la guerra civil.
En el gobierno del socialista José Luis Rodríguez -a los 72 años del franquismo- se dio un hecho sin precedentes: bajo la presión de los hijos y nietos de los fusilados, asesinados, desaparecidos, mutilados, encarcelados o torturados en la dictadura franquista, se levantó parcialmente el manto de silencio que cubrió sus crímenes y se exhumaron los cadáveres enterrados en 19 fosas comunes en diversas ciudades -incluida la fosa que guarda los restos de Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936- para que los expertos hicieran la investigación genética de los restos óseos.
Por primera vez se imputó oficialmente a Franco y sus secuaces la responsabilidad penal por su plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos, que costó la vida a más de cien mil de ellos.
Posteriormente la ONU, ante la impunidad que rodeó largamente a los funcionarios políticos, judiciales, militares y policiales del franquismo -culpables de delitos de lesa humanidad durante el largo y corrupto régimen totalitario-, pidió en el 2013 al gobierno conservador de Mariano Rajoy y a los partidos políticos derogar la Ley de Amnistía de 1977, levantar el secreto que protege los documentos de la época franquista e instrumentar un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos. Pero la petición internacional no tuvo éxito y la impunidad siguió su camino.