Esta guerra interna que vivimos, plena de dolor y espanto, sigue cobrando las vidas de jóvenes inocentes. El jueves 30 de enero, Milton Rodríguez, habitante del Guasmo, denunció que durante el operativo Apolo 5 elementos de la fuerza pública estatal perpetraron una ejecución extrajudicial de un adolescente de 14 años, que jugaba fútbol cerca de su casa, ¡quien murió por disparos de un francotirador! Otros dos jóvenes también fueron heridos.
Rodríguez, quien es padre de dos de las víctimas, relató que los jóvenes corrieron al escuchar los disparos, cuando recibieron impactos de bala ‘de un francotirador que se encontraba en la otra orilla’ del estero. Mientras su hijo Juan José, de 16 años, le decía ‘papi ayúdame que me dispararon’, ‘no me deje morir’, Miguel Ángel, de 14 años, agonizaba en la casa de un vecino y murió luego en el Hospital del Niño. Su amigo, José Daniel Ramírez, de 18 años, también fue herido por esas balas que nosotros pagamos con nuestros impuestos.
Al escuchar este relato, cabe preguntarse, en qué clase de monstruos nos hemos convertido los ecuatorianos, si la ejecución extrajudicial de tres jóvenes que jugaban fútbol no alcanza a conmover la conciencia nacional. Ya murieron cuatro antes, ejecutados de manera similar por las fuerzas del Estado, y la estrategia fue desprestigiar a las víctimas, al parecer porque policías y militares no consideran que los chicos corren por miedo y disparan sin miramientos.
Miguel Ángel murió de cuatro tiros por la espalda, su hermano Juan José tiene una bala en el pulmón y José Daniel fue herido de bala en la columna vertebral. ¿Qué clase de ceguera nos puede hacer pensar que para perseguir narcos y delincuentes es correcto matar niños? Pero lo más triste es que este caso, y tampoco ‘los 4 de Guayaquil’, son excepciones.
De acuerdo al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM) son al menos 15 las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 27 las desapariciones forzadas, 80 los casos de tortura y 145 las investigaciones por uso excesivo de la fuerza, en apenas un año de ejecución del plan Fénix.
Según explican estas organizaciones, existen patrones de abuso en el accionar de la fuerza pública: arbitrariedad en las detenciones, ingreso no autorizado a viviendas, operativos indiscriminados en las vías, amenazas y violencia contra testigos y abandono de las víctimas luego de desnudarlas.
Las desapariciones forzadas en la franja costera, especialmente en Los Ríos, Esmeraldas y Guayas, han llevado a Amnistía Internacional a pedir a la Fiscalía que busque de inmediato a las víctimas e investigue a profundidad los hechos, petición a la que piden unirse a todos los ciudadanos, para detener esta política estatal porque se está equivocando de enemigo.
