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Miércoles 26 de febrero 2020

La ciudadanía está indignada por el mar de juicios penales que se han iniciado en contra de Correa, su vicepresidente Glas y buena parte de sus exministros, colaboradores de nivel ministerial y otros de nivel inferior, y que hasta ahora no tienen sentencias firmes. Todos estos juicios se proponen descubrir y castigar con las penas previstas por la ley a quienes abusaron de fondos públicos y se enriquecieron directamente, o a través de contratos con sobreprecios celebrados con empresas, correos en los delitos. La corrupción no es de ahora ni solo pertenece al gobierno de “las manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes”, pero en la historia ecuatoriana no se registra un período presidencial en que se haya organizado una mafia atracadora desde la jefatura del Estado. Y l os montos que han logrado embolsicarse estos pieichdis y compañía, llegarían a miles de millones de dólares.

Los procesados, con el cinismo que caracterizó a la década, preguntan que donde están las pruebas del atraco, que les indiquen una sola cuenta bancaria a su nombre en un paraíso fiscal o en cualquier otro país, que todas son puras especulaciones con el propósito de evitar que participen en nuevas elecciones, porque saben que las ganarán. Pero bien cabe recordar que hace varios años cuando un presidente de la República increpó a uno de sus ministros por “travesuras” de este tipo y él le contestó que le demuestre su incorrección, el jefe de Estado, indignado, le dijo que le acusan de ladrón y no de torpe, de manera que solo él sabrá dónde tiene a buen recaudo los dineros mal habidos. Igual respuesta cabe en estos casos, aunque se conoce que hay países y territorios opacos fuera del mundo occidental, cuyos bancos reciben “dineros calientes” en los cuales solamente los asaltantes y sus autoridades conocen de cuentas y montos. Los viajes sin pasajeros de los aviones presidenciales a lugares extraños y amistades también extrañas, como con el dictador de Bielorusia, por ejemplo, deberían haber servido para detectar sitios e instituciones en los que se han depositado enormes sumas de dinero. Y por alguna razón, hasta aquí inexplicada, las autoridades se han negado a contratar empresas especializadas de investigación que tienen amplia experiencia en ubicar dineros y otros activos mal habidos.

Pero, más allá de sanciones y resultados exitosos en el extranjero -los 13 condenados en Miami son ejemplares- fiscales y jueces ecuatorianos están en la obligación legal y moral de llevar adelante los juicios con estricta sujeción a la ley, en los que la defensa de los acusados se ejerza con amplitud para evitar nulidades que se alegarán después, pero con la celeridad y firmeza necesarias para no dejar en la impunidad este azote brutal contra la moral y los fondos públicos y recuperar al menos parte de las inmensas fortunas mal habidas.