¿Coincidencias?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Cpccs t designó al Consejo de la Judicatura interino (CJI), con funciones específicas de desmontar el control correísta sobre jueces y fiscales y pasar a una administración de justicia independiente y confiable. Entre sus más importantes responsabilidades, estuvo la de evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), respecto de cuya designación ha habido muchos cuestionamientos y sobre sus actuaciones múltiples descalificaciones. Tan pronto se instaló el CJI se enviaron extrañas comunicaciones a algunos jueces pidiendo “información”, lo cual se traduce como intentos de influir sobre ellos. Esto ocasionó un rifirrafe entre sus miembros, que terminó en que el Cpccs t le retiró la facultad de evaluar a la CNJ. Primer objetivo logrado: mantener a los jueces de la CNJ que han dado reiteradas muestras de censurable cercanía con el poder de los 10 años.

La catarata de hechos de corrupción ocurridos en la década perdida, en los que habrían participado los más altos funcionarios del Estado, desde el expresidente ahora prófugo en Bélgica, el exvicepresidente, encarcelado por un delito menor y todavía sin sentencia firme, aunque tiene acusaciones de peculado y otras de igual magnitud; varios ministros investigados, prófugos y alguno también encarcelado, todos tienen un denominador común: la CNJ es el juez competente para juzgarlos. Pero ni la Fiscalía General, por la que han pasado varios titulares o encargados en estos últimos meses, ni los jueces de la CNJ, adelantan los procesos con la diligencia que la ciudadanía reclama, ni se inician nuevos juicios pese a revelaciones que llenan de vergüenza e indignación. Las coimas de Odebrecht no se recuperan. El negociado de la refinería Esmeraldas permanece en la impunidad. La desfachatez de la refinería El Aromo, no tiene responsables. La comercialización del crudo por parte de Petroecuador, que habría dado lugar a enormes fortunas, no tiene ningún proceso judicial. Las hidroeléctricas con enormes sobreprecios y graves problemas de diseño y operación, no han dado lugar a ningún juicio penal. Yachay, las escuelas del milenio, las plataformas, hospitales, aeropuertos y algunas carreteras, permanecen como obras inútiles o mal construidas, sin procesos penales para sancionar a los responsables.

Y por último, la CNJ, cuyos jueces deberán ser evaluados por el Consejo de la Judicatura, presentó como su candidata, y por ende a que lo presida, a una abogada muy allegada al correísmo, pues, pese a sus golpes de pecho negándolo, fue jueza de la Corte Constitucional que desechó la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación impuesta por Correa y ha sido asesora del Consejo de Participación anterior, órgano sumiso a Correa que designó a los funcionarios que le cubrirían sus espaldas. ¿Serán coincidencias?