La Asamblea no logra levantar cabeza. Tras diez meses de gestión, el saldo es negativo en cuanto a la aprobación de leyes y fiscalización.
Luego de entrar en vigencia la nueva Constitución en octubre del 2008, la Asamblea tenía como prioridad -de acuerdo a lo señalado en la Disposición Transitoria Primera- la aprobación de un grupo importante de leyes en un plazo no mayor a 360 días. Eso se ha cumplido a medias.
Entre los hechos más recientes que evidencian la profunda crisis que vive la Asamblea, no solo se puede mencionar el lamentable tratamiento que tuvo la Ley de Aguas. Me refiero, en esta ocasión, a la Ley de Comunicación. Una Ley que Correa ha dicho que no es una prioridad pero que, sin embargo, no ha escatimado esfuerzos para dejarla hecha a su medida.
La decisión de Camilo Samán de archivar la demanda en contra del editorialista Emilio Palacio es positiva. No obstante, eso no excluye la millonaria campaña de desprestigio y de acoso que ha orquestado el mismo presidente de la República en contra de periodistas y medios de comunicación. La decisión de revisar los permisos de frecuencias para radios y televisoras del país, limitar su cobertura, complicar la labor de voceadores de periódicos a través del SRI y condicionar la pauta de publicidad del Estado, a más de la larga lista de insultos a la prensa, representan una grave amenaza contra la misma libertad de expresión.
En esta línea, la presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación, Betty Carrillo, ha pretendido desconocer el acuerdo legislativo que alcanzaron a fines del 2009 el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y varias tiendas políticas. Este acuerdo consistió en conformar un Consejo de Comunicación que no esté integrado mayoritariamente ni por representantes del gobierno ni de los llamados “poderes fácticos”. Sin embargo, desconociendo lo acordado, Carrillo quiere ponerlo patas arriba.
Esto no solo evidencia falta de seriedad para cumplir con los acuerdos políticos sino también un hecho preocupante que tiene que ver con la pérdida de independencia de la legislatura.
Al igual que en el fallido juicio al Fiscal, las decisiones fundamentales terminan recayendo en el presidente de la República.
La democracia descansa en la independencia de funciones y en la plena existencia de mecanismos de control horizontal entre las funciones del Estado. Esto previene la acumulación y abuso del poder político.
La Asamblea Nacional, en lugar de avanzar, retrocede a pasos agigantados. Los desaciertos y devaneos, como los de Betty Carrillo, terminarán por pasar factura y mostrar el fracaso en el que se le ha sumido a la legislatura.