Por la tercerización laboral que eliminó la Asamblea Constituyente el 2008, el patrono –en los sectores público y privado- no era empleador directo de los que aparentemente eran sus trabajadores. Estos eran dependientes de un tercero que se arreglaba con la empresa que usaba intermediación.
¿Qué ventaja tenían los patronos que buscaban tercerizadores?: que, en relación a los tercerizados, no eran empleadores ante el IESS, ni tenían de ellos presiones de sindicalización ni de contratación colectiva. Cuando los tercerizadores eran realmente tales, se incrementaban los costos financieros, porque el tercerizador también ganaba.
Y aquél ¿qué beneficio percibía?, no solo lo que le pagaba el empresario que lo usaba, sino que su relación con los tercerizados, salvo excepciones, era de costos menores, porque se abusaba de la necesidad de los desesperados por trabajar.
La tercerización se prostituyó cuando se multiplicó con formas de corrupción y simulación. Lo primero, en el sector público, el protegido del poder político era el tercerizador, posiblemente haciendo participar del lucro obtenido al funcionario público que lo contrataba. Lo segundo, cuando el propio empresario montaba sus “tercerizadoras”, para que sus costos ingresen a otros de sus bolsillos, sin darle garantías laborales a los tercerizados.
El principio de la no tercerización tuvo excepciones, como las de personal de guardianía y seguridad, limpieza y alimentación, también en tecnología.
Decisiones recientes del Gobierno, vinculadas con despidos masivos en el sector público, en áreas de trabajo que podrían entenderse entre las excepciones, llevan a lo que se publicita como “externalización”, que es entregárselas a empresas privadas en formas equivalentes a la satanizada tercerización. Una empresa externa se encarga de lo que antes hacían los despedidos. La premiada con la “externalización” es la empresa que se lleva el contrato de servicio. Pero, además, hay dos figuras de macrotercerización. Lucros por pase de mano.
La de entregar obras a empresas extranjeras a pretexto de algún nivel de financiamiento, pero esas empresas subcontratan con nacionales, llevándose una buena tajada entre lo que le cobran al Gobierno y lo que le pagan a los que subcontratan. Y no solo son casos de grandes obras, sino de medianas que financiera y técnicamente podrían ser para empresas nacionales –hay decenas disponibles-, ej. movimientos de tierra y nivelación por cerca de USD 25 millones, para el parque Samanes de Guayaquil, a la empresa coreana Daewo. La otra es la modalidad multiplicada por el Gobierno de contratar obras, todo incluido, con contratistas que recargan precios de bienes y servicios que adquieren a terceros y pasan de mano, y no por porcentajes, sino por veces. ¿Y Contraloría?, ¿actuará?