Thalía Flores y Flores

La fortuna de los magistrados

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Jueves 16 de agosto 2018

Corría 2008 y una nación manipulada emocionalmente apenas si reaccionó al golpe de mano que dio el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales para transformarse en Corte Constitucional (CC), con cuya denominación pasó a ser una más de las funciones que controlaría quien dijo que, como jefe de Estado, era jefe de todos los poderes.

La CC nació en las sombras y tutelada desde el poder político. Con pelaje mutado y en el entorno de un poder omnímodo, los magistrados pronto descubrieron que su perdurabilidad en el cargo dependía del grado de sumisión al mandamás. En esa condición han sobrevivido haciendo del servilismo su santo y seña.

Los fallos de la CC que han escandalizado a la nación y los miles de casos (más de 10 000) que han quedado en sus archivos sin ser siquiera conocidos, no deben ser arrumados en los baúles de la historia, sino llevados a los centros de estudio para ser analizados y determinar si sus autores tendrían que rendir cuentas ante la justicia por sus yerros, o por lo menos para que haya un precedente de cómo no hay que actuar en el más alto tribunal constitucional de una República.

Como sociedad, los ecuatorianos no deberían quedar impasibles ante la conducta de estos jueces constitucionales que han evidenciado un proceder reñido con la ética pública, la moral social y hasta la estética conceptual.

La derogatoria de las enmiendas constitucionales, semanas atrás, después de que ellos mismos dieron luz verde para que las tramitara la Asamblea Nacional, en 2015, aunque no se podían hacer sino mediante consulta popular, sería la prueba plena de cómo se mimetizan con quien ejerce el poder. Cambió de gobernante y, sobre la misma materia, cambiaron de criterio.

Pero si este fallo no fuera ya lo suficientemente escandaloso por el viraje de interpretación de la materia constitucional, lo es por el momento en que se produce: mientras el Consejo de Participación Ciudadana de Transición evalúa el trabajo de los magistrados, por lo que bien podría terminar siendo un argumento sustantivo adicional para que les cesen y envíen a sus casas.

A todas las ominosas acciones cometidas por la CC el probable enriquecimiento o lavado de activos en los que estarían implicados algunos de sus jueces impone que sean procesados y sancionados en los tribunales así como obligados a resarcir al pueblo los dineros, de ser mal habidos.

Y es que los jueces de la Corte Constitucional no solo han urdido fallos, algunos también amasado riquezas por las que están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, a partir de informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Los ingresos y el valor de los bienes no cuadran.

La que años atrás fue motejada “corte cervecera”, habría devenido en “corte de los milagros”, en la que ciertos magistrados con ingresos fijos habrían levantado grandes fortunas.