César Augusto Sosa

A focalizar el subsidio

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Lunes 07 de octubre 2019

Hubo un tiempo en que los precios de los combustibles en Ecuador eran mayores al precio real. Es decir, los ciudadanos pagaban un impuesto cada vez que compraban gasolina, diésel o gas de uso doméstico. En aquel tiempo los gobiernos aplicaban el denominado ‘paquetazo’ para obtener ingresos y estabilizar las finanzas públicas.

Eso ocurrió básicamente desde 1982, cuando en América Latina estalló el problema de la deuda externa y cayó el precio del petróleo en el mercado internacional. Como consecuencia de aquello, el Estado se quedó con más gastos que ingresos y empezó una etapa de ajuste caracterizada por la revisión de precios de combustibles, pasajes y otros servicios públicos.

Los desajustes en la economía ocurrieron en la década de los 70, el primer ‘boom’ petrolero llevó a las dictaduras de la época a subsidiar desde las tasas de interés hasta el precio de los combustibles. Una vez que terminó la bonanza petrolera y el país tuvo que pagar la cuenta de los excesos en los 70, los ‘paquetazos’ se hicieron frecuentes durante las décadas de los 80 y 90.
En los 90, por ejemplo, cuando todavía circulaba el sucre en el país, los ingresos por venta interna de derivados pasaron de 156 000 millones a 3 500 000 millones, es decir, crecieron 22 veces, en un escenario de alta inflación y devaluación del sucre.

En dolarización, los precios de los combustibles sufrieron mínimas revisiones y a partir del 2006 la cuenta de ingresos por venta de derivados quedó en cero, justo en el segundo ‘boom’ petrolero.

Hasta aquella época no había mayor conciencia social sobre el ambiente y menos aún sobre el cambio climático. En los caminos que conectaban los campos petroleros se botaba el crudo como si fuese asfalto, pese a que ese hidrocarburo iba a parar más tarde a los ríos de la Amazonía.

Luego de 13 años de subsidios generalizados a los combustibles, donde las personas de mayores ingresos han sido las más beneficiadas, el Gobierno decidió liberalizar los precios de las gasolinas y el diésel. A cambio, focalizará el subsidio en las personas de menores ingresos, a través de bonos estatales.

Aunque la medida responde básicamente a un problema fiscal, tendrá un efecto sobre el consumo de combustibles fósiles y, por ende, puede ser catalogada como una medida a favor del ambiente. Otros países van más allá y aplican impuestos verdes, por ejemplo, gravando el consumo de combustibles fósiles, pesticidas y actividades con alto costo ambiental como la minería.

La decisión de eliminar subsidios generalizados es correcta, pero debe ser complementada con otras. Por un lado, si el consumidor ya paga un precios internacional por la gasolina y el diésel, también deben recibir combustibles de calidad internacional, lo cual juega a favor del ambiente.

Por otro, la compensación a los afectados por el alza de precios debe resolverse con medidas de focalización, más allá de los bonos estatales.