Ecuador recibió el viernes pasado un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender desastres naturales, pero como todo préstamo hay condiciones que cumplir.
Los USD 364 millones que aprobó el Directorio del FMI se enmarcan en el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), el cual obliga al Ecuador a dos cosas: cooperar con el FMI para resolver las dificultades de balanza de pagos, pero además a describir las políticas económicas generales que se propone aplicar.
Si bien se trata de un crédito sin mayores condicionamientos, pues no requiere de un programa económico propiamente dicho ni de exámenes a la economía ecuatoriana, sí obligará a las autoridades a manejar con mayor prudencia las finanzas públicas, lo cual no se ha cumplido en los últimos años.
El FMI reconoció que el Gobierno aplicó un programa fiscal de emergencia para afrontar los efectos del terremoto (alza del IVA y contribuciones solidarias), pero estas medidas no corrigen los problemas de balanza de pagos que el Fondo busca resolver con las autoridades nacionales.
Lo que hizo el terremoto, según el FMI, fue poner más presión a las cuentas fiscales, que ya estaban complicadas por varios factores: bajo nivel de los precios del petróleo, fortalecimiento del dólar, bajo nivel de reservas internacionales y un acceso limitado al financiamiento internacional.
Para aliviar la situación fiscal, el Gobierno se comprometió con el FMI a priorizar la inversión pública, evitar acumular atrasos, suspender los proyectos de baja prioridad si no consigue financiamiento y adoptar medidas para lograr una posición fiscal acorde con el financiamiento disponible.
Para el FMI, ajustar el gasto público a la disponibilidad de ingresos no es suficiente. Ecuador también necesita medidas para proteger la estabilidad financiera, garantizar niveles adecuados de liquidez en el sistema bancario, mejorar la competitividad y crear fondos de ahorro para las épocas de vacas flacas.