Dentro de pocos días movimiento País celebrará su cuarto aniversario en el poder, tiempo durante el cual ha logrado significativos avances en materia de vialidad, vivienda popular, atención a discapacitados, etc., pero ha quedado en deuda en aspectos fundamentales como seguridad ciudadana, desempleo, respeto a la prensa y a la oposición.
La Asamblea Nacional merece la calificación de 0 en el cumplimiento o, mejor dicho, incumplimiento de su tarea vital de fiscalización en ese lapso. Sistemáticamente ha rehuido la fiscalización a ministros y otros funcionarios, pese a graves denuncias. Más aún, hasta ahora no ha dado debida atención a los informes de la Contraloría sobre irregularidades detectadas en la contratación de asesores, bienes y servicios; pagos indebidos; sobreprecios; falsificación de documentos; alegre reparto de pasajes aéreos; etc., durante el funcionamiento de la Asamblea en Montecristi.
Al ser entrevistado sobre esas travesuras, el Presidente del organismo ha perdido la ponderación que exige la alta dignidad que ostenta y ha increpado al Fiscal General que está en deuda con la sociedad y que debe ser destituido; ha afirmado que hay estupidez en los informes de los auditores de la Contraloría, que los periodistas no deben ser carroñeros, etc., y ha reiterado que debe observarse el “debido proceso”.
No ha precisado dónde está la carroña a la que ha hecho referencia y se presume que iría a parar en el consabido limbo y punto.
En cambio, el anterior Presidente de la Asamblea ha dado a conocer que ciertos asambleístas y asesores se oponían a la investigación de la Contraloría y ha enfatizado que debe haber total transparencia en el manejo de los recursos; que no puede quedar sombra de duda y que no considera adecuados los términos utilizados por su sucesor.
“Cuando no se ventila un cuarto empieza a oler mal y vienen las dudas, las sospechas y la gente de mala fe trata de escandalizar”, ha manifestado.
La verdad es que, en guarda del buen nombre de la Asamblea, es indispensable que se esclarezcan las inculpaciones de la Contraloría sobre el manejo doloso de recursos públicos y que, en caso de que se comprueben anomalías, se sancione sin contemplaciones a los culpables.
El nuevo año debe marcar el cambio positivo de esa sumisa Función del Estado, con mayor razón ahora que el Presidente de la República pretende acaparar todo el aparato del Estado, al asumir la reestructuración de la Función Judicial, vía consulta popular, que costará la bicoca de 30 millones de dólares y en la que, al mismo tiempo, se preguntará a la ciudadanía su parecer sobre las corridas de toros. Lo que no se sabe aún es si se acogerán las sugerencias de que se consulte, de una vez, sobre las peleas de gallos y las cadenas sabatinas.