Al parecer, termina la sequía y comienzan las lluvias de nuevas denuncias sobre corrupción de años pasados. Firmas internacionales contratadas por las Naciones Unidas, encontraron anomalías y perjuicios en la Refinería de Esmeraldas; en la del Pacífico que quedó en tierra aplanada y la foto de colocación de la primera piedra entre el finado Crnl. Hugo Chávez, de Venezuela y el ex Presidente Correa.
Igualmente, en el poliducto Pascuales, de Cuenca, que necesita urgentes arreglos por varios millones de dólares. También en la terminal portuaria de Monteverde y en la instalación para recolectar gas llamada Bajo Alto.
Toda esto, que ya se conocía por denuncia del señor Fernando Villavicencio, contenida en un libro, enviará el Ejecutivo a la Fiscalía, a la que han llegado también 17 informes de Contraloría sobre corrupción en otras áreas del Estado, inclusive con indicios de responsabilidad penal.
La Fiscalía abrió la boca: su Fiscal General Encargada, Dra. Ruth Palacios, expresó que se dará prioridad a estos casos y que se “hará lo posible, dentro de las limitaciones que tiene Fiscalía para avanzar en estos procesos”.
Pero también están en trámite otros centenares de denuncias. Mucha gente cree que es cuestión de presentarlas y que, prontamente, el Fiscal debe actuar y el denunciado ir a la cárcel. Usan y abusan. Por ejemplo: un asegurado que no paga la prima de protección de vehículo, sufre siniestro, acude a cobrar el valor del arreglo y como le niegan, por falta de pago, va a Fiscalía denunciando “estafa” En una disputa familiar, alguien golpea en el brazo a una pretendiente de futura herencia y ésta presenta denuncia por “tentativa de asesinato” El Fiscal obligatoriamente debe tramitarla. Él no puede ordenar prisión: eso lo hace únicamente el juez, después de terminada la investigación y si el Fiscal pide que se aprese al denunciado.
Por otra parte, la Fiscalía depende –para su accionar- de la Policía Judicial. Sus dependencias son parte de la Policía Nacional y si bien tienen sobrecarga de trabajo, en determinado caso simplemente se limita a recibir el oficio con la orden Fiscal y contestar que no ha podido localizar al autor de un accidente de tránsito, menos retener el vehículo para que en su busca aparezca el responsable. Así se explica por qué “El chofer fugó”. En el extremo, un Fiscal dispone por escrito: “Los oficios serán retirados de este despacho por la parte solicitante”. El tiempo transcurre y en un momento de fatiga y de gastos económicos parece práctico olvidarse de la “justicia” penal. Con mucha ilusión empezó a utilizarse la tecnología e impartir pedidos y órdenes por internet: aquel intento va quedando atrás.
No todo es fácil ni para la Fiscalía ni para los litigantes. No hay que preguntar hasta cuándo, sino cuántos casos puede atender eficazmente.
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