Columnista invitado
El Comandante de la FAE en su discurso en la ceremonia de aniversario dijo varias cosas que deben analizarse. Una de ellas, que los militares debieron operar con un sistema jurídico confuso. Es que con la creación del voluminoso COIP se metió en este Código, de todo, como si fuera una fanesca jurídica, con esto, desapareció el Código Penal Militar. A más de eliminar, por razones ideológicas, la Ley de Seguridad Nacional y crear un remedo, una mala copia; desapareció la Secretaria del Consejo de Seguridad, un órgano permanente de asesoramiento directo del presidente. Luego del ataque a Angostura, Correa eliminó los sistemas de Inteligencia militar y policial, dijo que eran organizaciones que trabajaban para la CIA norteamericana. Como órgano de Inteligencia Estratégica Correa creo la Senain, una verdadera Stasi criolla (policía siniestra de la antigua Alemania comunista); ésta se dedicó a perseguir a quienes Correa consideraba sus enemigos, un sistema perverso de espionaje al servicio, no del Estado, si no d
el gobierno.
En la actual Constitución, no consta, borraron el concepto de fuerza pública, legalmente no existe; igual, que la Policía Nacional constituía la fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. También borraron en la Constitución de Montecristi, que la fuerza pública se debe al Estado. Unas FF.AA. en democracia deben estar subordinadas al gobierno legítimo elegido por el pueblo, jamás alinearse a proyecto político alguno.
En los acontecimientos inéditos de violencia vividos, los militares y policías se emplearon sin el armamento y equipo antimotines adecuados y atados a normativas jurídicas que limitan su empleo. Estos acontecimientos no solo deben ser controlados en base a represiones, hay segmentos de ciudadanos que requieren en forma urgente ser atendidos en sus necesidades de salud, educación, de empleo digno, etc. El Gobierno y la sociedad no podemos cerrar los ojos a realidades lacerantes.
Siempre habrá detonantes que sirvan de pretexto para sacar a la luz problemas postergados y han permanecido subyacentes, en espera ser resueltos, caso contrario tenemos situaciones como las vividas.
Nuestras Fuerzas Armadas jamás han sido represivas, al contrario; fueron las primeras en Latinoamérica en firmar con el organismo de Derechos Humanos (Aldhu), un convenio para la capacitación de los militares en el respeto a los Derechos Humanos; igual, el programa de apoyo al desarrollo, tuvo mucha aceptación en el campo, en las áreas marginales de las ciudades y del cordón fronterizo, sobre todo el acercamiento a los indígenas con programas de salud, educación y trabajos comunitarios. El Gobierno, pese a la penuria fiscal, debe tratar de resolver estos acuciantes problemas, sobre todo, las demandas más importantes: trabajo y seguridad.
Una sociedad vive en paz si hay respeto a las leyes, si hay justicia, trabajo, libertad y democracia, solo así se evitará que se vuelvan a repetir episodios de violencia.