En 1999 el Gobierno, con informe favorable de las Fuerzas Armadas, firmó un convenio por el cual se permitía que un Puesto de Observación Avanzado -FOL- de los EE.UU., especializado en el monitoreo aéreo del narcotráfico, ocupara temporalmente algunas de las instalaciones de la Base Aérea de Manta. Por su parte, los EE.UU. se comprometían a realizar la reconstrucción total de la pista, que estaba muy deteriorada, y a ampliarla, también a construir otras instalaciones, entre estas, estacionamientos para los aviones, todo por un monto aproximado de USD 70 millones, compromiso que fue cumplido fielmente.
Las Fuerzas Armadas dieron informe favorable al convenio con Estados Unidos, porque se fortalecía la capacidad nacional para combatir el narcotráfico, causante de terribles males, como los sufridos por Colombia: asesinato de 4 candidatos a la Presidencia, legisladores, fiscales y jueces, policías y militares, gobernadores y alcaldes, líderes gremiales y sindicales, periodistas y políticos, empresarios y trabajadores del campo y la ciudad, y de todo aquel ciudadano que no se dejaba amedrentar o corromper. Las víctimas, casi todas inocentes, suman cientos de miles y los daños son incalculables. Frente a flagelo tan terrible, las Fuerzas Armadas creyeron que se debía actuar contundentemente en la defensa de la población, particularmente de los niños y jóvenes, de las instituciones del Estado y de su soberanía, amenazadas por enemigo tan brutal. El peligro no era imaginario, pues frecuentemente se sentía en la Costa y la Amazonía, la presencia de naves que volaban casi al ras del suelo para no ser detectados por los radares militares, las que seguramente transportaban narcotraficantes, droga, armas y dinero ‘sucio’. Así la situación ¿qué razón podía justificar una negativa a conceder facilidades logísticas para que aviones norteamericanos, de la más alta tecnología y de costo prohibitivo para el Ecuador, operaran desde Manta todas las horas del día y el año corrido, lo que era económicamente imposible para la FAE? ¿Cómo no aprovechar tan poderosa disuasión a las actividades de la narcoguerrilla, paramilitares, traficantes de armas, sembradores de coca y otros delincuentes?, sabiendo que los pilotos norteamericanos, si detectaban aviones sospechosos, debían informar a los mandos ecuatorianos para que nuestros pilotos los interceptaran.
Las FF.AA creían absolutamente necesario y legítimo que el Gobierno empleara, dentro de la ley, todos los recursos, incluso los que le proporcionaran desde el exterior, para impedir que el narcotráfico, con el dinero ‘sucio’, aniquilara la institucionalidad democrática y contaminara a la población, volviéndola esclava.