Miguel Rivadeneira

El festín de la corrupción

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Lunes 14 de enero 2019

Ya no pueden quedar dudas del festín de la corrupción durante la década del correísmo. Más allá de los procesos judiciales que esperan lentamente su trámite en la Fiscalía tras decenas de informes con serios indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría, hoy es un reconocido organismo mundial, la ONU, a través del PNUD, que contrató a tres empresas internacionales del Reino Unido, EE.UU. y España, que señala que en cinco proyectos analizados hubo enormes sobreprecios. Lo que es peor, obras mal hechas. Por ello se requieren centenares de millones de USD para hacer funcionar a plenitud, si es que sirven. Según estimaciones oficiales, se necesitarían 650 millones para reparar obras.

Quién podía imaginarse que mientras cantaban y bailaban, emitían permanentes cadenas oficiales obligadas con las que engañaban a la gente e insultaban a quienes señalaban a la nefasta revolución ciudadana, estaban cometiendo irregularidades a rienda suelta, en medio de la complicidad de entes de control de entonces y especialmente la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría.

Las cifras, según los informes, son escalofriantes: 5 contratos solo en el sector petrolero que habrían costado alrededor de USD 2.500 millones se destinó casi el doble, cerca de 5.000 millones, lo que habría causado el enorme sobreprecio de 2.500 millones.

Hay otros proyectos en el sector eléctrico, cuyas investigaciones han dormido más de la cuenta. El proyecto hidroeléctrico Manduriacu, cuya denuncia por peculado y cohecho hiciera hace tanto tiempo la Comisión Nacional Anticorrupción y que pidiera se indague un supuesto sobreprecio del 83 %. De USD 124 millones originales terminó costando alrededor de 227 millones. Lo audaz fue que el Contralor prófugo en Miami demandó por este caso a los miembros de las Comisión Anticorrupción y una jueza les condenó aunque de inmediato les perdonó, lo que constituyó una afrenta.

La denuncia por los supuestos pagos millonarios indebidos a funcionarios públicos por la empresa Caminosca, con nombres, apellidos y montos, a la cabeza el ex vicepresidente preso en Latacunga, a quien el Estado no le ha podido cobrar USD 14 millones que estableciera la sentencia en su contra y siguen pendientes varios procesos judiciales. El caso de las irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Toachi - Pilatón, con el presunto pago de coimas. La central hidroeléctrica Coca - Codo Sinclair y sus miles de fisuras. El proyecto Yachay, la ejecución de vías en el país.

Es hora de que los organismos del Estado reactiven y agilicen estas investigaciones y sancionen a los responsables, dentro del debido proceso y el derecho a la defensa, porque lo más grave que vive el país es este estado de impunidad y de ninguna recuperación de los dineros que se han llevado por corrupción.

mrivadeneira@elcomercio.org