Defender que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres parece asunto de sentido común. Sí, parece, pero no lo es.
No lo es cuando solo tres de cada 10 mujeres de la población económica activa tienen empleo adecuado, frente a 7 de cada 10 hombres. No lo es si el 99,5% de leyes aprobadas en la Asamblea Nacional es elaborado por hombres. No lo es si la violencia pasa como natural. ¿Cuál violencia? La implícita que padecen todas las mujeres observadas de pies a cabeza en la calle o dentro de casa, cosificadas. La explícita que soportan seis de cada 10 mujeres maltratadas física y psicológicamente en Ecuador.
En 2014, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) daba cuenta de que el 15% de crímenes perpetrados contra mujeres en el mundo derivó de la violencia doméstica. Por esos días, de la Asamblea con la mayor ‘equidad de género’ de la historia (42% de mujeres) surgía en Ecuador el Código Integral Penal (COIP).
La norma creó como delito el femicidio, reconocido como el crimen perpetrado contra una mujer, mas lo sancionaba igual que un asesinato (25 años de cárcel )y con un candado: se aplicará solo si se prueba una relación previa de poder entre victimario y víctima. ¿Para qué tipificarlo, así?
Ha de saberse, luego de 11 años sin golpes de Estado, que una sociedad que cubre necesidades básicas y se desarrolla produce más ciudadanos críticos capaces de exigir derechos. ¿Derechos? Derechos a opinar, a participar, a pedir cuentas, a un cuidado responsable del ambiente, a demandar libertad en democracia.
Conocer qué opinan los candidatos a la presidencia sobre la despenalización del aborto en casos de violación, como plantea la ONU, por ejemplo, es asunto de derechos, de salud pública.
¿Cuántas mujeres deben morir en clínicas ilegales? El país echa de menos un líder que reivindique el feminismo, es decir la igualdad entre hombres y mujeres (ver Diccionario de la Lengua Española), y que gobierne para un Estado laico, donde no se imponga solo su fe.