Farith Simon

La farsa de los observadores

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Lunes 24 de septiembre 2018

La Declaración de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos reconoce que toda persona, de forma individual o colectiva, tiene la posibilidad de promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos, en el plano nacional e internacional. Estos defensores deben ser protegidos de toda amenaza, porque en muchos lugares su trabajo conlleva situaciones de riesgo permanente. Es difícil olvidar que en el régimen de Rafael Correa las organizaciones y defensores de derechos humanos sufrieron persecución, hostigamiento y criminalización, que incluyó procesos judiciales por terrorismo y, en los casos más graves, incluso costó vidas como la del líder shuar José Tendetza, sin que el Estado asuma una investigación seria para determinar qué pasó. Correa ridiculizaba, de forma permanente, a los defensores de derechos humanos, llegando incluso a aprobar una normativa que impedía su trabajo de forma independiente. El canciller de Correa, Guillaume Long, en su comparecencia al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2017, enfrentó severas críticas por las amenazas a los defensores de derechos humanos y a la libertad de expresión y de asociación. No pasó mucho tiempo, ahora Correa y sus simpatizantes usan el discurso de los derechos y acuden a las instituciones que atacaron. Long, fue al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a denunciar un supuesto “derrumbe del estado de derecho en Ecuador” y la “persecución a Rafael Correa”. Una nutrida delegación correísta viajó a Washington y, ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron lo que afirman es una “persecución política y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Ecuador”. En estos días, una autocalificada “misión de observadores internacionales” visitó el país, la misma que cuenta entre sus integrantes (de lo que sabemos) a uno de los abogados particulares de Correa y a varias personas que en el caso Glas demostraron su falta de independencia al emitir “informes” plagados de errores y generalizaciones. El rol político de estos “observadores” es bastante obvio, cualquier cosa que produzcan difícilmente podrá ser tomada en serio debido a su falta de objetividad; podemos esperar, en el mejor de los casos, una lista de conclusiones interesadas en favorecer los argumentos de la defensa de Correa, cuando no una versión retorcida, manipulada, tal vez incluso falsa, de los hechos. Rafael Correa tiene derecho, sin importar quién es, qué hizo o qué hace, a un juicio rodeado de garantías, con jueces independientes y fiscales objetivos; puede contratar a cuantos abogados quiera, este no es un problema, el problema es tratar de engañar a la sociedad presentando a quienes cobran honorarios o a los simpatizantes de un proyecto político como defensores independientes de derechos humanos, esto habla mal de Correa, de su causa, pero especialmente de quienes se prestan para la farsa.