Diego Araujo Sánchez

Farsa electoral en Venezuela

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Causa vergüenza ajena la presencia del ex presidente Correa en Caracas para apoyar la farsa electoral en Venezuela. “Nadie puede cuestionar esos comicios, los más monitoreados del planeta”, proclamó; y hasta dio a entender que el sistema de garantías fue el mismo que se observó en las elecciones legislativas, cuando la oposición ganó la mayoría de escaños para la Asamblea Nacional.

¿Había garantías democráticas en unas elecciones presidenciales sin la participación de los rivales de mayor peso, como Leopoldo López, condenado a 10 años de prisión, y Henrique Capriles, inhabilitado por 15 para ejercicio de cargos públicos? ¿Olvidó Correa que los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática se negaron a participar en el tramposo proceso?

La farsa empezó desde la convocatoria de la ilegítima Asamblea Constituyente. Sin los principales partidos de oposición, ni un tribunal electoral independiente, y con una Legislatura privada de sus facultades, con presos políticos y con los puntos rojos o tiendas de campaña instaladas del partido gobernante para monitorear a los votantes, ¿nadie puede dudar? Si no acudió a las urnas el 54% de los cerca de 20 millones de ciudadanos inscritos para votar, ¿nadie puede cuestionar la legitimidad de la reelección de Maduro?

Lenin Moreno perdió la oportunidad de tomar gran distancia de su antecesor en la políticas externa, como lo ha hecho en otros aspectos. El Gobierno se pronunció acerca de las elecciones venezolanas, en un comunicado contradictorio, tibio, ponciopilatesco.

El documento invoca el principio de la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de cada Estado; sin embargo, muestra preocupación por “la difícil situación en la que se encuentran los hermanos venezolanos y por las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral”. El calificativo en la primera oración se queda corto. ¿”Difícil” la situación de los venezolanos? No solo difícil, trágica: millones se han visto obligados a salir del país; y una mayoría que permanece allí soporta la falta de alimentos, medicinas esenciales y la carestía de bienes de primera necesidad.

Meses atrás, cuatro relatores especiales de la ONU denunciaron todo aquello y agregaron que “la población en Venezuela sufre múltiples violaciones a sus derechos humanos, en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas, persecución de opositores políticos y falta de respeto de los derechos civiles y políticos”. En el pronunciamiento del Gobierno, ¿pesó más la campaña de la canciller Espinosa por presidir la Asamblea General de la ONU que una política externa de defensa de principios democráticos y DD.HH., que rechace la farsa electoral venezolana?

daraujo@elcomercio.org