Mucho se ha dicho que Rafael Correa ha superado a dos antecesores que también llegaron a la Presidencia con fuerte apoyo popular: Febres Cordero y Bucaram.
Al primero, en cuanto al abuso en legislación urgente, al irrespeto a los derechos humanos y la manipulación de la justicia. Quizás para aprender de ellos, varios actores en el manejo de la Función Judicial pasaron de Febres Cordero a Correa y hoy forman su entorno. En su momento, 1986, como lo hago ahora con Correa, denuncié la gestión de gobierno de Febres Cordero, en el libro ‘Abuso del poder’, premio Tobar a mejor obra en ciencias sociales .
A Bucaram lo supera en la ironía y en la burla. También en la habilidad de desviar los temas de fondo a otros que den que hablar. Recuerdo cuando Bucaram, octubre de 1996, propuso una reforma penal anunciando castración a los que cometan delitos sexuales. Habiendo coincidencia en que se necesitaba procedimientos y penas más eficientes, la castración sonaba extrema, y en una reunión se lo comentaron a Bucaram, quien respondió“es para que tengan un tema sobre el que me ataquen”. Eran los tiempos del modelo argentino de la posible convertibilidad con Domingo Cavallo. Los Alvarado Espinel fueron del equipo de Bucaram.
En reciente sabatina, Correa -refiriéndose a una reunión de fin de año, en el Palacio de Gobierno- habría expresado: “Yo no sé si la equidad de género, mejora la democracia. Lo que sí sé es que ha mejorado la farra. ¡Qué asambleístas que tenemos!, guapísimas, ¡ah! ¡eh!, ‘Corcho’, hay que aumentarles el sueldo, porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas, Dios mío. Yo ni me fijo en esas cosas, pero me contaban, guapísimas las asambleístas”.
A más de ser inaceptable aquello de “yo no sé si la equidad de género mejora la democracia”, hay irrespeto a sus propias compañeras de País, y también así se expresa Correa para dar que hablar y distraer. Mientras tanto, avanzan las reformas de la ley electoral para el fraude desde el poder y las leyes para intimidar a la prensa y a los ciudadanos.
Se agrega la llamada “ley de la repetición”, que supuestamente desarrolla el principio constitucional del derecho del Estado a repetir sobre los funcionarios públicos responsables de lo que el Estado indemnice a terceros o asuma costos por acción u omisión indebida. La pretensión inaceptable e inconstitucional es eximir de tal responsabilidad no solo a los asambleístas, sino también al Presidente, en evidente patente de corso para el ejercicio perverso del poder.
La inmunidad o autorización especial para ser procesados debe limitarse al tiempo de ejercicio de los cargos, lo que es muy diferente de la audacia de que nunca serán responsables de sus actuaciones, ¿o se quiere consagrar la perversión protegida?