Parecía que el buen vivir, la farra y el licor no podían estar uno junto al otro. Ese al menos era el argumento de las autoridades en el 2010, cuando surgió la regulación que limitaba la venta de licores y ponía horario a bares y discotecas.
La medida adoptada hace seis años generó reacciones y reclamos, tanto entre la ciudadanía -que la calificaba como un cerco a las libertades de las personas- , como en los empresarios que apostaban por negocios conectados con la diversión nocturna.
En ese entonces el objetivo que perseguían los ministerios de Gobierno y Turismo era “mantener la paz y la seguridad (…) conforme al buen vivir”.
Eran tiempos de alta popularidad para el Gobierno y con pocos nubarrones en el paisaje económico del Ecuador, con un barril de petróleo en un promedio superior a USD 70 y con las recaudaciones tributarias superando los USD 8 000 millones anuales.
Las autoridades del Ministerio de Gobierno señalan en estos días que poner límites al consumo de licor dio resultado y aseguran que los índices de inseguridad relacionados con el alcohol disminuyeron un 50% en los últimos años, aunque no precisan detalles de la medición.
Pero desde el pasado martes, el panorama cambió nuevamente. En nombre de reactivar las actividades turísticas y el comercio, el Gobierno flexibilizó los horarios para la venta de licores y para el funcionamiento de bares y discotecas. Eso sí, la medida será por seis meses y será evaluada una vez cumplido ese plazo.
El cambio de parecer de las autoridades llega en un momento difícil para la economía ecuatoriana en la que el crudo está casi a la mitad de los precios del 2010 y cuando las recaudaciones tributarias vienen cayendo desde agosto del 2015.
¿Se ‘olvidaron’ que en el buen vivir la farra y el alcohol no están invitados? ¿O hicieron números y dejaron a un lado al discurso de la seguridad para priorizar el de los ingresos fiscales en medio de la desaceleración económica?