Farith Simon

Sexo y adolescencia

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Lunes 30 de julio 2018

La familia (diversa en sus formas) cumple un papel insustituible en la vida de niños, niñas y adolescentes, es la única que puede satisfacer sus necesidades materiales, sicológicas y afectivas. Son los progenitores, de manera compartida, quienes tienen la responsabilidad en el cuidado, crianza y protección de sus hijos e hijas, a ellos les corresponde elegir con libertad su educación y formarlos en sus principios y creencias.

El Estado tiene vedado interferir en la vida familiar, una parte fundamental del derecho a la intimidad. Pero los hijos e hijas no son cosas, no pueden ser considerados como propiedad de sus padres y madres, también son sujetos de derechos, con una particularidad, están en crecimiento, requieren de protección, guía y al crecer alcanzan cada vez mayor autonomía, hasta que a los 18 años tienen -legalmente- autonomía plena.

Ultraconservadores, algunos políticos (malintencionados o desinformados) y medios de comunicación (por desconocimiento o mala fe) usaron una reciente sentencia de la Corte Constitucional, referida a la sexualidad de los adolescentes, para armar una histérica campaña defendiendo una versión de los derechos, en relación a la educación de los hijos, que se corresponde al Siglo XVIII. La Corte comete errores en su sentencia, usa un concepto totalmente ajeno al derecho ecuatoriano, el “Estado como ‘salvador externo’”, y sus dos reglas jurisprudenciales -sin contexto- provocan más de un equívoco, pero es falso que la Corte haya reconocido a los adolescentes derechos sexuales y reproductivos, es la Constitución la que lo hizo; tampoco determina los límites a las potestades de los progenitores, la normativa vigente lo hace y determina la obligación de intervenir para garantizar los derechos cuando son amenazados o violados, y, la Corte no cambia las normas penales en esta materia y en caso alguno promueve la pedofilia. Un país que tiene la tercera tasa más alta de embarazo en adolescente en la región, en promedio cada día 6 niñas menores de 14 años son madres (es decir fueron violadas), el 40 % de menores de 19 años ha iniciado una vida sexual activa y el 80 % de las violaciones se dan en el entorno familiar, con estos datos es evidente que el no brindar educación sexual es una omisión gravísima. Impartir educación sexual de forma adecuada, precisa, objetiva y científica no es promover el sexo, tampoco equivale a adoctrinar, incitar o promover el inicio prematuro de la vida sexual o exaltar cierto modo de vida; a los padres corresponde hacer las valoraciones, guiar a sus hijos en sus convicciones religiosas o filosóficas, pero estos pueden ser negligentes, abusivos y omisos, en estos casos priman los derechos de los hijos. Indigna que grupos ultraconservadores y algunos políticos actúen movidos únicamente por sus intereses, distorsionen el debate en un tema tan serio y lo disfracen de defensa de derechos, pero ya saben, la mentira tiene patas cortas, el engaño se descubre pronto.