La propuesta de reforma que busca incluir la prisión perpetua y la castración química como penas adicionales por el delito de violación, parece sacada de un manual del político populista, poco informado e incapaz de pensar más allá de la coyuntura, insensible a la gravedad de un problema social relevante, más interesado en recibir apoyos, entrevistas y ‘likes’ en las redes sociales.
Muchas personas reaccionan positivamente frente a cualquier propuesta de incremento de penas, incluso si son definitivas e irreversibles; no les importa saber que los datos disponibles dan cuenta que la dureza de las sanciones, excepto en países no democráticos con alto control social, no significa la disminución de los delitos y que los políticos suelen optar por estas propuestas para obtener algo de notoriedad.
El derecho penal es uno de los instrumentos, no el único, que tiene el Estado para enfrentar al delito y a la delincuencia, y se lo reserva para aquellas conductas que se asumen como especialmente graves, dañosas o peligrosas para una sociedad.
En nuestro país, por mandato constitucional, el derecho penal es de última ratio, un medio excepcional que cumple fines concretos, algunos detallados expresamente en la Constitución, otros implícitos: atribuir responsabilidad a quienes cometen conductas reprochables, enviar un mensaje a la sociedad sobre el repudio a esas conductas, prevenir –mediante el aislamiento- que la persona condenada cometa más delitos durante su período de encierro, y prevenir –mediante el ejemplo- que otras personas realicen las mismas conductas; rehabilitar y reparar a las víctimas.
Los proponentes del proyecto de prisión perpetua y castración química saben que la propuesta no podrá concretarse por ser claramente contraria a un objetivo constitucional: la rehabilitación de los condenados. La exclusión social definitiva es incompatible con la Constitución.
Además, la propuesta es incoherente. El objetivo de la castración química es reducir la libido, se busca impedir que los delincuentes sexuales reincidan, Los asambleístas Yépez, Gómez, Vera y Curichumbi proponen esta medida de forma paralela a la prisión perpetua, con lo cual el condenado ya no podría reincidir, haciendo de la castración química una medida inútil.
Una propuesta así debería provocar indignación, incluso entre los que fomentan el incremento de penas, porque los proponentes saben -y si no lo saben sería más grave- que la propuesta está condenada al fracaso: un engaño social y una irresponsabilidad política. Lo que han logrado, además de notoriedad, es desviar la atención sobre los temas realmente importantes: las razones de las abusos asociados a una compresión de lo masculino y lo femenino, el uso del poder, la inoperancia de la justicia, la indefensión de la víctimas y su revictimización, la impunidad de la casi totalidad de los delincuentes sexuales, la inoperancia del sistema de rehabilitación y la incompetencia de la mayoría de legisladores.