Farith Simon

Proyecto fascista

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Lunes 03 de febrero 2020

El proyecto de “Ley Orgánica de Fortalecimiento de las Familias del Ecuador” debe ser de lo peor que he leído en los últimos años, y vaya que han existido proyectos realmente malos; pero en este los proponentes han bordado un texto inconstitucional, discriminatorio y con tintes fascistas.

La propuesta usa un lenguaje de derechos, aparentemente compatible con los estándares internacionales y la Constitución, que puede llegar a confundir. Podría creerse que sus autores buscan proteger la vida privada y familiar contra las intromisiones estatales, reafirmar el rol primario de las familias en la educación y cuidado de los hijos, pero lo que nos presentan es un viaje al pasado, restringiendo derechos a las personas que conforman las familias, desconociendo la diversidad y promoviendo la discriminación. Hay tantos errores y absurdos que ocuparían muchas páginas; por el espacio me limito a unos pocos.

Es inconstitucional. Si bien el título se refiere a “familias”, en realidad otorga fundamentalmente protección a una sola; podrá decirse que incluye a los matrimonios de pueblos y nacionalidades indígenas, pero se prioriza a los matrimonios de personas de diferente sexo; como ejemplo se pueden leer las normas referidas al permiso para festejar el aniversario de bodas o los permisos por paternidad y maternidad. En el proyecto se pretende otorgar a las autoridades eclesiásticas el poder de declarar la validez o invalidez civil de esos matrimonios. Parecería que a los ideólogos, redactores, proponentes y promotores de la propuesta se les olvidó que la Constitución reconoce a la familia en su diversidad de formas y es, en esa diversidad, que se la reconoce y protege como núcleo fundamental de la sociedad.

En el proyecto quieren declarar a la familia, obviamente la tradicional, sujeto de derechos, una suerte de fascismo italiano; ahora estos brillantes legisladores tratan de recuperar y con ello someter a los integrantes de las familias al cumplimiento de fines superiores, los fines familiares, algo incompatible con la Constitución y los instrumentos de derechos humanos que reconocen a cada individuo como el titular de los derechos y para que como tal los ejerza. La familia es el espacio para que sus integrantes logren sus objetivos y vivan sus derechos, es un medio, no un fin en si mismo como pretenden.

Los proponentes quieren un Estado que financia la educación religiosa, pretenden crear de alguna manera un gran censor de medios, de la educación, de los textos; algo así como unos guardianes de la fe y de la moral y ocultan el propósito detrás de un objetivo loable, que integra y moviliza: la protección de niños y niñas. Así, abren la puerta para que unas pocas personas, que se atribuyen la representación de todos, decidan lo que debemos ver o leer.

El Consejo de Administración Legislativa no debería dar paso a este proyecto abiertamente inconstitucional, discriminatorio y con aires fascistas, que amenaza claramente los derechos de todos.