A medida que pasan los meses una sensación de profunda decepción va tomando forma. Las buenas intenciones declaradas por el régimen de Moreno van diluyéndose a medida que el realismo de la política, de los intereses económicos y las redes de corrupción van ocupando un lugar de privilegio. Pocos son los resultados efectivos en la lucha contra los corruptos, pocos los condenados y pese a las constantes revelaciones de incorrecciones cometidas en años pasados, pocos son los investigados y procesados e insignificante es el dinero recuperado. Un aroma a impunidad nos invade.
La indispensable reforma institucional sufrió severos contratiempos. El Consejo de Participación transitorio se equivocó con el Consejo de la Judicatura de transición, como lo han reconocido algunos de sus integrantes, quedó claro que los vocales Albán y Porras poco podían hacer solos.
Este no fue el único error del Cpccs-t, en parte debido a que la trama armada por el gobierno anterior es tan compleja que demorar algunas decisiones podía bloquear todo proceso de cambio. Por cierto la Constitución, hecha a medida del anterior presidente de la República y sus delirios autoritarios, es un límite casi infranqueable a una verdadera transformación institucional.
Al equivocarse en la conformación de la Judicatura transitorio se frenó la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, entidad que tenía en sus manos la designación de la terna más importante para la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo (el designado ejerce la presidencia de esa entidad). Como era de esperarse, en los nombres que propusieron, al igual que los de la Asamblea, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, se privilegiaron la cercanía institucional o los vínculos políticos por sobre los intereses del país.
Claro que existen excepciones, Vanesa Aguirre, prestigiosa académica, destaca claramente en la terna de la Corte. Luís Fernando Ávila, quien trabajó en la Defensoría Pública, una de las pocas entidades que actuó con algún nivel de independencia (aunque de forma un poco tardía), es el mejor entre los nombres propuestos por la Fiscalía. La terna de la Función Ejecutiva resalta. En especial Patricia Esquetini y Jorge Moreno son profesionales independientes, capacitados y honestos. Con esas candidaturas la Presidencia de la República envió un mensaje de compromiso con la independencia judicial.
Por momentos parece que esta transición será un intento fallido, que perderemos la oportunidad de sentar las bases para una justicia ordinaria independiente, condición indispensable para una sociedad democrática y que lucha con seriedad contra la corrupción, todavía podemos tener un resultado positivo si Vanesa Aguirre, Luis Ávila, Patricia Esquetini o Jorge Moreno son los designados para formar parte del Consejo de la Judicatura, estos nombres permitirían mantener la esperanza de que los cambios necesarios para la justicia pueden producirse.