El gobierno de Moreno acumula obstáculos. Un incremento de la inseguridad por el mayor número de delitos, acompañado de la sensación de que no saben cómo enfrentarlo; una crisis carcelaria de grandes dimensiones, que empeora por la violencia y el hacinamiento; un creciente problema económico, con un déficit presupuestario al que se responde con mayor endeudamiento; dificultades en el IESS, en educación, en salud, aumenta el subempleo y el desempleo.
En general, el Estado parece no funcionar, con una burocracia que complica todo; con un sistema de justicia impotente -así se presenta hasta el momento- para procesar y castigar los graves casos de corrupción y enfrentar a la delincuencia; con una sociedad que parece premiar a los abusivos, a los “vivos criollos”, a los que se saltan toda regla para obtener un resultado. Una “isla de paz” que claramente no es tal, violenta, clasista, xenófoba, homófoba y machista. A momentos parecería que vivimos en un país sin futuro, con una oposición que le apuesta al fracaso de todos como camino para regresar al poder.
¿Todo lo que sucede es responsabilidad del gobierno de Moreno? No, con certeza ha contribuido a que la situación empeore por sus indecisiones y un desconcierto inicial por la herencia recibida: un Estado sobre dimensionado, de manos de un gobernante que desperdició un enorme capital político y económico, despilfarrado por la corrupción, el derroche y una búsqueda enfermiza por prolongar el “legado” y asegurar la impunidad, maquillado con un discurso de cambio y trasformación.
De los muchos problemas que tenemos hay uno al que debemos prestarle especial atención, la falsa meritocracia que ha permitido que importantes cargos sean entregados a personas incompetentes y que el mérito sea reemplazado por el parentesco y los contactos, perfeccionando la sociedad del “palanqueo” y del intercambio de favores. No me malinterpreten, no afirmo que todos los que trabajaron para el régimen anterior -o para este- sean incompetentes o que sus designaciones no sean legítimas, estoy seguro que muchos tenían (tienen) méritos suficientes para ocupar los cargos (o ser candidatos en las elecciones), pero queda claro que muchos no, sólo así pueden explicarse las medidas absurdas que se toman en ciertas instituciones públicas, el pobre debate político en la Asamblea, decisiones judiciales incomprensibles y la mala administración en ciertas empresas estatales. No todo se explica por la corrupción.
Las designaciones sin méritos tienen un impacto social significativo, además de enviar un mensaje que desalienta el esfuerzo para alcanzar un trabajo o una posición, afectan al conjunto de la sociedad porque son esas personas incompetentes y poco preparadas las que toman decisiones que atañen a todos. El daño social es grave y no hay señales de que esto cambiará. Nos corresponde a cada uno de nosotros -los ciudadanos-, enfrentar esta nefasta herencia, en esto se juega parte de nuestro futuro.