Farith Simon

Gestores de la corrupción

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Lunes 16 de septiembre 2019

Entre las revelaciones de las conversaciones (“chats”) de Pamela Martínez, la operadora de las contribuciones ilegales en Alianza País, se confirmó lo que siempre se ha dicho o sabido: existe una red de favores, presiones y amenazas que algunos profesionales del derecho establecieron para obtener ventajas -claramente ilegítimas- a favor de sus clientes, desvirtuando de forma absoluta su rol en un Estado de derecho.

Miles de abogados actúan de forma honesta, representan los intereses de quienes defienden usando los recursos legales disponibles, respetando los principios éticos de la profesión, en suma, juegan limpio. Por el contrario, muchos otros usan medios desleales, reñidos de forma absoluta con una práctica honesta de la abogacía y la legalidad.

La profesión legal es esencialmente de carácter instrumental, por ello puede ser puesta al servicio de la obtención de los objetivos más sublimes o más abyectos; algunos de estos últimos, “encubiertos” en nociones de una supuesta eficacia profesional, en la que el “todo vale” se transforma en la guía de actuación.

Alejandro Nieto sostiene que los abogados cumplimos a la perfección las reglas de Darwin sobre la adaptación de las especies, somos capaces de asumir las nuevas condiciones del entorno y seguir trabajando incluso en las circunstancias más adversas y sobrevivir; registrándose en la historia reciente de la humanidad un solo caso en que el entorno hizo imposible el desarrollo de la profesión en la dimensión de su libre ejercicio o representación de intereses particulares: el socialismo de la Unión Soviética donde los abogados fueron convertidos en burócratas alas servicio del Estado.

Un Estado de derecho implica la primacía de las normas, se espera un mínimo de seguridad gracias a reglas estables y la posibilidad de predecir las conductas de funcionarios y de jueces. En entornos corruptos, muchos usan su capacidad de influencia y de relación sobre el conocimiento y las habilidades profesionales, muchas personas eligen a su abogado (o una firma) a partir de la oferta de lograr sus objetivos sin importar los medios; mientras que la honestidad, capacidad, trabajo y conocimiento se vuelven secundarios.

Los que actúan de forma deshonesta, siempre estarán sujetos a la posibilidad de que frente a ellos se encuentre alguien con mayor influencia y poder que los desplace; hay muchos profesionales del derecho convertidos en “gestores de corrupción”, lobistas de la desvergüenza, cada vez que alguien los contrata queda en evidencia.

La sociedad debería señalar a aquellos abogados que tienen prácticas deshonestas, esos que se benefician del autoritarismo y aprovechan de la corrupción; no olvidemos que hay muchos más profesionales comprometidos con una práctica ética que abogados dispuestos a lograr resultados sin prestar atención a los límites éticos. La práctica corrupta de la profesión legal nos pone en riesgo a todos.