El Gobierno liquidó el Fondo Ambiental (FAN), vía Decreto. La misión de esta entidad era captar recursos patrimoniales para financiar proyectos medioambientales. Principalmente, de la cooperación alemana.
En su momento de mayor relevancia fue un complemento financiero clave para el fondo de áreas protegidas, que también se sostiene con el Presupuesto General del Estado. Igual con el programa para el control y erradicación de las especies invasoras en Galápagos y otras iniciativas.
Pero ahora, el 98% de los recursos provenientes de las fuentes de financiamientos del FAN es de carácter público. De ahí se entiende que, en época de crisis, el Gobierno lo desaparezca y se evite esa intermediación de recursos, que implicaba gastos administrativos importantes.
El FAN (ente jurídico de derecho privado) tenía 33 empleados. Solo en salarios se destinaba USD 551 148 al año, sin incluir las bonificaciones de Ley, como consta en la nómina de remuneraciones de febrero.
Lo que no se entiende es por qué no se actúa con la misma lógica de optimización con otras carteras de Estado, como la Secretaría del Buen Vivir, dedicada a la ardua tarea de “fomentar la investigación y el desarrollo del pensamiento, que trascienda las fronteras y promueva prácticas ciudadanas responsables ligadas al sumak kawsay”. En tiempos de crisis, ¿es una prioridad contar con una Cartera que busque la “transformación del ser humano” como se señala en el Decreto con el cual se la creó?
Esta Secretaría tiene 28 funcionarios, siete de ellos asesores. Nueve reciben sueldos de entre USD 2 588 y USD 5 510. Su presupuesto es de casi un millón de dólares al año.
La cifra puede parecer menor, frente a otras secretarías, pero con un millón alcanza para los sueldos de 50 médicos durante un año, con salarios mensuales de USD 1 676, que es lo mínimo que gana un profesional de la rama en el sistema público. Si se busca el ‘buen vivir’, que se usen los fondos con más pragmatismo.