Lo que empezó con una marcha para derogar el Decreto 883 se convirtió, al cabo de pocas semanas, en una exigencia para cambiar el modelo económico del país. Así de fácil.
Luego de las protestas violentas que duraron 11 días, la dirigencia de la Conaie coincidió con el Gobierno en que el subsidio a los combustibles -cuya eliminación fue la consigna de las protestas- no debía terminar en manos de personas de mayores ingresos o de grupos dedicados al contrabando y el narcotráfico. Y para cumplir con ese objetivo se iniciaron diálogos con la mediación de la ONU y de la Iglesia, que han servido de muy poco hasta ahora.
Tras la derogatoria del Decreto 883, el 13 de octubre pasado, el Gobierno tenía la urgencia de emitir un nuevo decreto, no solo porque necesitaba recursos, sino porque era importante demostrar que tenía la capacidad para hacer política económica. La imagen que quedó luego del ‘diálogo’ entre el Gobierno y la dirigencia indígena fue que las autoridades no podían hacer nada sin contar con la venia de la Conaie.
En la práctica, el Régimen no ha podido emitir un nuevo decreto para focalizar los subsidios. Su estrategia fue que más actores de la sociedad entreguen sus aportes, lo cual llevará un tiempo porque implica abrir un espacio para discutir las propuestas de focalización. Este tema se incluyó en la Proforma del 2020, aunque el Régimen suele ser muy optimista en sus previsiones.
Y mientras el Gobierno camina lento en su estrategia, la dirigencia indígena y sus asesores van más rápido. Convocaron a representantes sociales, se tomaron la representación del pueblo ecuatoriano y elaboraron -a puerta cerrada- una propuesta alternativa al modelo económico y social. Dicen que representan a más de 180 organizaciones sociales, pero el documento que presentaron el 31 de octubre pasado lo firman organizaciones indígenas, campesinas, el Frente Popular y el FUT.
Todo eso lo armaron durante una semana, pero pudieron ir más rápido porque el contenido de la propuesta es el mismo que han mantenido los grupos de izquierda. Ahora quieren que el país debata un plan que debiera ponerse a prueba en las urnas.
La Conaie quiere sacar ventaja del momento político para posicionar sus tesis en la población -propaganda gratis-, algunas de las cuales se mantuvieron en el gobierno anterior gracias al ‘boom’ petrolero y al agresivo endeudamiento público. En ese período el país tuvo un crecimiento igual o más bajo comparado con el período previo, la pobreza se redujo hasta el 2014, pero volvió a aumentar cuando se acabó el auge petrolero y el tamaño del Estado aumentó sin mayor evaluación sobre su eficiencia.
La Conaie y sus asesores quieren volver al pasado, con un Banco Central que maneje el dinero electrónico, con sectores estratégicos manejados por el Estado, sin presencia del FMI, con cero flexibilización laboral y con más impuestos para los grupos económicos. Si eso se hace -dicen- no hará falta focalizar el subsidio. Así de fácil.