Los disturbios violentos, con muertos y heridos, nos obliga a pensar profundamente en soluciones eficaces para que el Ecuador no esté sujeto a más desencuentros graves. Lo que ha ocurrido en la dos últimas semanas revelan claramente el descontento colectivo porque no tenemos un país igualitario, que no ha podido avanzar hacia una sociedad menos desigual en un contexto de escasez de recursos financieros, no para enfrentar a la Conaie sino a la pobreza. Este punto de inflexión no puede esperar más.
Esto implica comprometer la disposición de los ecuatorianos que han acumulado riqueza para que contribuyan a fin de que los vulnerables se recuperen del retroceso de la educación, disminuya el número de pobres mediante la reactivación de la producción sobre nuevas bases. El país debe lograr un Acuerdo Nacional para cambiar el rumbo y modificar su política económica neoliberal para ir por un sendero justo, mediante un programa de obras públicas y privadas empleadoras para la otra mitad de los ecuatorianos que muerden la pobreza porque no tienen un trabajo formal. Los indígenas también deben consensuar un programa en este sentido en favor de los pobres, urbanos y rurales, luchando dentro del capitalismo porque el comunismo ya no existe.
Para un programa ambicioso de justicia social los gobiernos deben recaudar por lo menos hasta el año 2030 una cantidad importante de nuevos recursos, venciendo obstáculos que no se han podido remover porque nadie quiere contribuir y todos demandan del estado servicios, privilegios y dádivas. Inmediatamente se puede obtener más recursos eliminando las exoneraciones al impuesto a la renta de las sociedades y combatiendo la elusión y la evasión de tributos de los que han acumulado grandes riquezas, cobrando – sin contemplaciones ni amiguismos – a los morosos del fisco y del IESS. En algún momento de esta década habrá que subir el IVA, un impuesto que permite rápida recaudación y menor evasión, con el compromiso de los legisladores para que el que más consuma pague más.