Me parece que, en otras condiciones, Galo Chiriboga hubiera sido designado fiscal general con sobra de merecimientos y sin mayor polémica. Pero la forma en que ha llegado a esas funciones ha dejado una sensación de incertidumbre y su ejercicio estará ensombrecido por los graves conflictos y altercados que la antecedieron.
Todos estamos de acuerdo en que, en décadas pasadas, las elecciones de Corte Suprema y otras dignidades como la Fiscalía, estaban contaminadas por el clientelismo político y el control oligárquico. Pero la solución que se creyó encontrar frente a esa realidad resultó peor.
Los redactores de la Constitución vigente reemplazaron el principio de la designación de ciertos dignatarios por órganos integrados por representantes electos directamente por la ciudadanía, con la idea de institucionalizar la “participación ciudadana”, que haría las designaciones a base de méritos. Aunque esta innovación les pareció un modelo de “democracia participativa”, desde que se propuso, fue objetada por quienes sabíamos que sería un sonado fracaso por manipulable y antidemocrática. La realidad lo ha comprobado a la primera de bastos.
Ya sucedió en la elección del propio Consejo de Participación Ciudadana y ahora pasa con la del Fiscal. La presentación de carpetas y su calificación, mediada por comisiones, asesores y enredos supuestamente públicos, se ha revelado como un mecanismo del todo desconfiable. Los parámetros resultan confusos y pueden ser sujetos a varias interpretaciones; están formulados al azar; no miden calidad, sino la mera presentación de papeles y certificados, que terminan por ser aceptados a sabiendas de que pueden no ser auténticos. Una instancia establece un puntaje y luego otra lo modifica con ajustes que permiten que el orden de los candidatos se altere. Todo se enreda con discusiones de procedimiento y discrepancias sobre la validez de certificados en que solo cuenta la formalidad y no los verdaderos méritos de las personas. Al fin, todo se transforma en una ruleta en que la designación recae en quien tiene más votos en la instancia principal del “quinto poder”, aunque sus miembros no representan a nadie.
Observemos esto. Pero la calentura no está en las sábanas. No es que, por esta vez, la designación de Fiscal General tuvo problemas o interferencias. Es que el procedimiento tramposo que establece una falsa “meritocracia” que unos irresponsables o ilusos pusieron en la Constitución definitivamente no funciona. Nos condenaron a una feria de carpetas, certificados, denuncias y presiones que es todo menos “participación ciudadana”, como pomposamente se llamó al mecanismo. Mientras más pronto se desmantele esa “participación”, tendremos un poco de democracia efectiva.