La opinión pública está muy ocupada con temas tan cruciales como el entredicho entre el presidente Correa y el alcalde Barrera sobre el nombre del nuevo aeropuerto; las “revelaciones” del oficialista El Telégrafo sobre los supuestos “informantes de la CIA”; un estudio académico, curiosamente financiado por el Gobierno, para medir la percepción de los periodistas sobre la libertad de expresión; la oportuna precandidatura del deudor Álvaro Noboa, y otras linduras de esa envergadura.
Apenas si queda espacio para los temas de fondo, como la falta de claridad sobre los responsables de la ‘narcovalija’ y el escándalo en torno al ex gobernador Roberto Cuero y las comisarias. O el estado de la indagación sobre la identidad de ‘Chucky Seven’. Todo hace suponer que parecido destino tendrán las graves críticas -convenientemente tardías, por cierto- del veedor Baltasar Garzón sobre la evaluación de 5 456 funcionarios judiciales para implementar la tan promovida reforma judicial.
El Gobierno tampoco ha hecho comentarios sobre el informe de la Cepal en el cual se ubica al Ecuador como el antepenúltimo país que recibió capitales extranjeros el año pasado: de USD 153 000 millones captó solo USD 568 millones.
En la lista de omisiones consta también la falta de un acuerdo comercial con la Unión Europea. La misión negociadora se acogió al silencio y este tema, a diferencia de otros asuntos baladíes, ocupa poco o ningún espacio entre la enorme información que genera la Cancillería.
Seguramente se hará otro tanto con el Examen Periódico Universal (EPU) que rendirá en los próximos días el Estado ante la ONU. Si bien la autoevaluación del Gobierno en cuanto a los derechos humanos es generosa, el Alto Comisionado ha sido severo en lo que se refiere a la libre expresión. Tampoco se ha ahondado en las consecuencias que tendrá la demanda de los pobladores de Sarayacu en la política petrolera y minera. Ni se sabrá a ciencia cierta qué pasó en la central hidroeléctrica Ocaña, paralizada a solo una semana de inaugurada. A propósito, ¿alguien sabe en qué quedó el sonado litigio que emprendió Ecuador por los daños en la hidroeléctrica San Francisco contra Brasil, convertido nuevamente en prestamista?
En plena etapa preelectoral, conviene aprobar al apuro leyes como la que regula los créditos de vivienda y de autos, o mostrar imágenes de militares participando en los operativos contra la delincuencia, algo que se ha hecho innumerables veces en los últimos años, con más riesgos que resultados. La delincuencia sigue en auge y es percibida, incluso en las encuestas progubernamentales, como el principal problema del país.
Los manuales aconsejan distraer la atención, y hay que reconocer que quienes manejan la comunicación y la propaganda oficial lo hacen bien. Pero da la impresión de que han fabricado demasiadas cortinas de humo.
marauz@elcomercio.org