Una rigurosa investigación de EL COMERCIO publicada el domingo pasado reporta sobre el crecimiento de transacciones ficticias entre Ecuador y Venezuela. Llama la atención que el tema haya tenido poco impacto en la opinión pública, no solo por la gravedad de lo denunciado, sino por las ramificaciones que pudiera tener, incluso, en la propia sustentabilidad de la dolarización. El reportaje menciona decenas de empresas ecuatorianas que habrían sido parte de un esquema bien montado de lavado de activos. Gran parte de ellas fueron creadas y desaparecieron inmediatamente después de haber realizado las exportaciones falsas. Se denuncia también el descubrimiento de contenedores vacíos y de exportaciones de productos que nuestro país no produce o no tiene capacidad de exportar. Prestanombres, domicilios inexistentes, sub y sobre facturaciones, evasión tributaria, etc. son otras irregularidades detectadas. Solo para tener una idea de lo que estamos hablando, el reportaje menciona que mientras en 2010 se recibieron cerca de 7 millones por este concepto, en 2012 esta cifra creció 120 veces alcanzando 910 millones. Se trata de un negocio ilegal floreciente.
Lo más preocupante es que todo este esquema delictivo utilice el llamado Sistema Único de Compensación Regional -Sucre-, mecanismo creado en julio de 2010 entre los países de Alba (Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua y otros) para promover el comercio intrarregional. El problema se agrava por las restricciones existentes para sacar divisas desde Venezuela y la posibilidad que desde ese país se utilice al Sucre como fachada para enviar dinero mal habido, constituyéndose un esquema internacional de lavado de activos. El tema, entonces, rebasa lo comercial o financiero. Analistas internacionales refieren que este esquema podría estar siendo usado por países como Irán para evadir las prohibiciones internacionales que enfrenta. Si esto llegara a comprobarse, las complicaciones internacionales para nuestro país serían incalculables. Un país dolarizado no puede darse el lujo de dejar dudas de este tipo ante la comunidad internacional.
En las últimas semanas, la política exterior del Ecuador se ha visto empañada por malos manejos. La errática participación de nuestra diplomacia en el caso Snowden pone en entredicho nuestra seriedad internacional. Este nuevo caso no hace más que profundizar la incertidumbre sobre la conveniencia de que el país insista en aupar iniciativas que como el Sucre se iniciaron con grandes auspicios retóricos pero que puestas en práctica pueden meternos en líos monumentales.
La Fiscalía y el SRI están sobre la pista pero aún no hay responsables. Las autoridades ecuatorianas a cargo del Sucre también están obligadas a dar una explicación.