Más allá de los hechos de coyuntura y de dedicarse a los actos del 30-S, la principal demanda práctica, no mediática, debe ser el pleno funcionamiento de los servicios públicos y de una independiente administración de justicia, hoy en estado de excepción decretado por el Ejecutivo y la dirección de un consejo de transición. Sin garantías en todos los procesos no existe justicia y peor cuando se persigue con agilidad a unos y un año después ni siquiera se ha esclarecido ni encontrado responsables de cinco muertos y más de un centenar de heridos ni cumplir las promesas oficiales a los familiares de los deudos. Constan 15 indagaciones previas en la Fiscalía, seis de los cuales ni siquiera hay procesados pero en otros apelan fallos absolutorios porque quieren que se sancione con capricho a como de lugar.
EL 30-S fue un día de luto por la sublevación en la Policía, que no debe repetirse, que condenamos reiteradamente por atentar contra el poder constituido y no podía pasarse por alto sin sanciones a sus verdaderos responsables. Sin embargo, otros temas prioritarios requieren atención para corregirlos y no seguir ensimismados en la propaganda.
La salud pública se debate en problemas de atención y la imposibilidad de cumplir con los medicamentos, aunque aumentaron la inversión. Casi cinco años después de administración no hay cómo solucionar la falta de medicinas e insumos y en general su rápido acceso. La entrega de recursos es importante pero no es todo; si no se acompaña a una ágil, oportuna y transparente gestión administrativa, la crisis seguirá latente. Pese a los avances, persiste la avalancha de la demanda y una oferta que colapsó y que copó no solo el sector público sino el privado. Eso no estuvo previsto y peor planificado cuando masificaron el acceso a los servicios.
Ni la reiterada renovación del estado de excepción en los hos-pitales arregló el problema. El Ministro ofreció en seis meses solucionar la entrega de medicamentos y la demanda urgente sigue. Lo ocurrido las últimas semanas solo en dos hospitales (Abel Gilbert de Guayaquil y Eugenio Espejo de Quito) son reflejos de la realidad y si siguen visitando continuarán recibiendo quejas y más quejas.
Estos hechos explican, no justifican, la intolerancia y el mal genio permanente del jefe, con amenazas públicas -inconstitucionales e ilegales- de seguir metiendo presa a la gente, no importa si es mujer u hombre o adulto mayor, si continúan los dramáticos reclamos de los pacientes, a sabiendas que él no tiene la culpa sino la negligencia de funcionarios y un sistema administrativo ineficiente aunque haya crecido el presupuesto. Podrán silenciar temporalmente a la gente pero no tapar los grandes problemas estructurales que se mantienen pese al crecimiento de la inversión y la enorme propaganda oficial.