Las cuestiones del Estado, son intrínsicamente competencias ciudadanas. La transparencia con la que actúe aquel supone la tranquilidad y credibilidad de quienes habitamos un espacio y debería evidenciar una constante participación real –no anticipada para ‘calzar’ intereses ajenos- en las tomas de decisión. En consecuencia, los bienes del Estado son nuestros; el Estado es un simple custodio. Si estos bienes, además, son patrimoniales; es decir, que más allá de su valiosa materialidad, portan simbólicamente rasgos de nuestras múltiples identidades, la situación es aún más delicada. Hablo del patrimonio ecuatoriano más representativo a punto de ser desplazado del Edificio Aranjuez en Quito a la Unasur en Pomasqui, debido a debilidades estructurales serias advertidas en el primero desde hace años.
No podemos negar la seriedad del actual Ministro de Cultura de finalmente enfrentar un problema complejo lleno de aristas que sus antecesores no lo hicieron seguramente por cálculos políticos. Sin embargo, tampoco podemos negar que la búsqueda de nuevos lugares que pueda acoger al Museo Nacional y sus reservas por un lado, y los archivos y biblioteca, por otro, fue realizado sin transparentar el proceso de manera dialogada con una comisión de expertos que podía legitimar profesionalmente la idoneidad de la ubicación y las condiciones ambientales, las estrategias de embalaje y traslado para cuidar la seguridad de los bienes, los inventarios puestos al día, entre otros.
Se formó en enero la ‘Coalición por la Defensa del Patrimonio’, encabezada por el historiador Guillermo Bustos e integrada por expertos destacados en todas las áreas, varias instituciones y ciudades del país; un verdadero colectivo ciudadano dispuesto a ayudar. Después de un plantón y una reunión, el Ministro no volvió a dar oídos ni a contactarse sino a través de tuits generales que no hacían más que debilitar su gestión y dar pábulo a todo tipo de pre-supuestos.
¿Es la Mitad del Mundo el lugar idóneo para instalar un Museo Nacional que se pondría al servicio exclusivo del turismo y no al fomento de nuevos conocimientos? ¿Unas reservas que podrían permanecer sin uso si no se elabora urgentemente un plan de reserva abierta? ¿Un lugar de acceso restringido cuando se necesita la constante visita y trabajo de expertos? ¿qué decir de los archivos y bibliotecas? Ni hablar de ir a Unasur; tesistas, investigadores y estudiantes quedarían sin su mejor y mayor fuente de investigación si consideramos –además- que la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit tampoco ha sido atendida por fondos gubernamentales y está a punto de cerrar. Necesitamos que esto se resuelva urgentemente y que se establezca una comisión veedora representativa del campo que comunique de manera transparente y continua este delicado proceso.