La experiencia muestra que, en este país, las excepciones a las reglas generales crean espacios para la pillería y el aprovechamiento, un verdadero mercado negro de regímenes favorables para quienes tienen los recursos o los contactos para conseguirlos. A la corta o a la larga, subsidios y exoneraciones acaban siendo el paraíso de vivarachos y aprovechadores, como los que, si recordamos la historia reciente, consiguieron carnés de discapacidad sin necesidad de justificar ni una leve miopía, y con ello el acceso a privilegios que iban desde un estacionamiento preferencial, hasta rebajas arancelarias o tarifarias.
Pensando en este lado oscuro, no me resulta raro que la Asamblea Nacional, con el decidido impulso y consiguiente festejo del correísmo, haya aprobado, en medio del feriado de las fiestas de Quito, reformas a varios cuerpos legales para, se dice, “promover y fomentar la economía popular y solidaria”.
Me refiero solo a una de esas reformas, aprobadas con el voto favorable de 129 legisladores: la introducción, en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, de compensaciones, subsidios o rebajas en la tarifa eléctrica, para “organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microempresas y emprendimientos”, definidos anualmente por el Ministerio de Electricidad.
Así de amplio e impreciso, como para generar no pocas preguntas: qué artesanos, quiénes son emprendedores, cuántas de las más de 15.000 organizaciones de la economía popular y solidaria. El Ministerio se convertirá, gracias a esto, y a costa de un servicio fundamental para el país, en repartidor de favores y prebendas para toda clase de propósitos, la gran mayoría, sin duda, inconfesables.
Lo que acaba de crear el Legislativo es un instrumento ideal para el clientelismo, el intercambio de favores y el beneficio particular. No pregunten dónde queda el interés colectivo, la mayoría de la Asamblea no entiende ese concepto.