Miguel Macías

¿Estado de excepción?

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Jueves 15 de septiembre 2011
15 de September de 2011 00:01

No creo que era necesario decretar un estado de excepción para reestructurar a la Función Judicial pues -en mi opinión- el Ecuador no se encuentra atravesando una “grave conmoción interna”, tal como lo requiere el art. 164 de la Constitución para decretar dicha medida excepcional.

Estoy de acuerdo con que es necesario reestructurar íntegramente a la Función Judicial, pues esta desde hace muchos años, lamentablemente, ha estado controlada por unos pocos partidos políticos; pero dicha reestructuración le corresponde hacerla al Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) conforme a lo decidido por el pueblo en las urnas, sin que exista intervención del Ejecutivo.

Concuerdo con el Presidente Correa de que es necesario descongestionar las más de un millón de causas judiciales pendientes de resolución, y estoy de acuerdo con que se obligue a los funcionarios judiciales a trabajar horas extras para lograr ese objetivo, reconociéndoles el pago correspondiente a esa labor extraordinaria. Estoy también de acuerdo con que se haya instaurado la jornada única en todas las dependencias de la Función Judicial, por la practicidad que ello implica, y concuerdo con todo aquel que piensa que es imperiosa la necesidad de adquirir nuevos equipos para modernizar a la Función Judicial, para lo cual es necesario que se le asignen los fondos que esta requiere.

En mi opinión, basta con que el CJT actúe con la urgencia que el caso requiere, para reestructurar íntegramente a la Función Judicial. Siendo esta totalmente independiente de las otras funciones del Estado, no cabe que con movilización o no, se la militarice, como alguien sostuvo; además, personalmente no creo que aquello vaya a ocurrir.

Me parece importante que uno de los miembros del Consejo de la Judicatura sea un técnico en sistemas, pero creo que quien debe presidirlo tiene que ser un ex funcionario judicial que conozca a plenitud sus falencias y que, por ende, esté en capacidad de implementar los urgentes cambios que esta requiere, entre los cuales está la conformación del Banco de Elegibles que debe tener ese Consejo para designar a los jueces temporales; y, la decisión de sancionar a todo Juez y funcionario judicial corrupto (que vaya que los hay) quienes se prestan para recibir coimas de abogados tan corruptos como ellos que se las ofrecen, y a los que se dejan influenciar en sus decisiones por terceros, sean estos o no funcionarios del Gobierno.

No cabe en un régimen de derecho, una Función Judicial sin la autonomía e independencia que establece la Constitución.

El pueblo en la última consulta popular votó porque se reestructure la Función Judicial, lo cual hay que hacer con la transparencia y urgencia que el país entero demanda, pero sin atropellos.

Esperemos que ello suceda dentro del marco que garantiza nuestra Constitución.