Creo firmemente en la oferta pública de educación superior que integre grados y posgrados, y sobre todo, carreras medias tecnológicas. Estoy convencida que ambas modalidades son valiosas y que su selección depende de la orientación, habilidades y disponibilidad de tiempo del estudiantado. Desafortunadamente, el correísmo instaló en el imaginario el optar sí o sí por un doctorado, así como el acceso universal a la educación superior.
Dicho esto, llevo mi artículo al tema de la eliminación de las pruebas de ingreso unificadas por parte del Senescyt y de la potestad hace pocos días otorgada a las universidades para hacerlo. El proceso arrancó en el 2012. Estos exámenes incluían 1000 preguntas de razonamiento verbal, abstracto y lógica-matemática y suponían el 100% de la nota para que el alumno pudiese postular a 5 universidades del país y a una o varias carreras.
Años más tarde, esta prueba significó el 70% de la nota final, el 30% dependía de aquella exigida por cada universidad. La calificación mínima para optar por un cupo fluctuaba año a año y dependía de la demanda a tal o cual carrera. Ninguno de los exámenes permitía discernir la vocación del postulante. Además, al ser pruebas estandarizadas y universales, quedó al descubierto el lastre de los sistemas educativos inequitativos en Ecuador.
Como docente universitaria, en cambio, disfruté de la alta calidad del nuevo estudiantado examinado; el éxito social y educacional de la movilidad e integración de jóvenes de diversas partes del país; la sensación de todos de que el clientelismo y la corrupción habían desaparecido; la posibilidad real de obtener una beca…También percibimos la frustración de personas con alto puntaje que quedaban excluidas, amén de la insuficiencia de cupos para la educación pública universitaria y la falta de oferta de carreras universitarias y medias de alto nivel. La eliminación del examen no soluciona nada, simplemente nos vuelve a vendar los ojos frente a problemas nodales de nuestra sociedad.