El ambiente de opacidad que se vive es mejor entendido en el exterior. Los innegables avances del país se opacan por los hechos, que el discurso y la propaganda oficial intentan imponerse sobre la realidad. La falta de cumplimiento de las normas, de los derechos y la justicia que se promocionaron y que poco se practican. ¿Para qué entonces pusieron tantas disposiciones en la Constitución que no se respetan y por qué pregonaron el Plan del Buen Vivir para incumplirlo con el Yasuní? Por ello es que hasta las buenas noticias se enturbian por observaciones internacionales y nacionales. El Foro Económico Mundial reveló el Informe Global de Competitividad 2013-2014, que le ubica mejor al Ecuador. Ha pasado del puesto 86 al 71, lo cual es positivo.
El Incae resaltó que un reflejo de esta ubicación es el desarrollo de infraestructura, la innovación, la educación, las condiciones macroeconómicas estables. Empero señaló que estas áreas tienen un reto y subsisten cuentas pendientes. La falta de independencia judicial y de eficiencia del sistema legal, que crean desconfianza en el marco jurídico general; la debilidad institucional, los costos del crimen y la violencia. Entre los factores más problemáticos para hacer negocios cita la corrupción, la seguridad, las regulaciones laborales, fiscales y los impuestos.
Estas observaciones tienen su evidencia. Más allá del mejoramiento de la infraestructura judicial, la creación de nuevas dependencias, la inauguración de oficinas y de sistemas lo fundamental es la independencia que debe exhibir. Sin embargo, no hay pruebas de ello.
Los planteamientos oficiales han tenido su trámite urgente en la Función Judicial, la Corte Constitucional y el resto de instituciones y funciones del Estado. Allí están los sentenciados, críticos del régimen y señalados por “terrorismo”.
En cambio, las acciones contra autoridades demoran largamente y reflejan impunidad. Las consultas presentadas por organizaciones sociales, de DD.HH. e indígenas, a quienes se decía defender. Los procesos judiciales por irregularidades en la Agencia de Transporte, admitidas por el asesor jurídico de la Presidencia que sostuvo que hubo “peculado y sobreprecios terribles”. Los casos de los ‘comecheques’ del Ministerio del Deporte, desde el 2007 (hace 6 años). El caso Duzac-Cofiec, que se ha dilatado por omisión de formalidades, que prohíbe la Constitución.
Un caso último. A propósito del destacado documental ‘La muerte de Jaime Roldós’, que aporta nuevos datos, su director Manolo Sarmiento reveló otro hecho. Por un lado se resalta la película pero por otro en una audiencia en la Superintendencia de Control del Mercado, que investiga la acción de una empresa de cines que se niega a proyectar, aparece junto a ella un abogado de la Presidencia de la República, según el cineasta.