Enrique Echeverría

¿Evaluación?

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Lunes 01 de agosto 2011
1 de August de 2011 00:02

De lo escrito, a los hechos. La Constitución de la República establece que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico, “fuente de realización personal y base de la economía”. Agrega esta promesa: “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.

En la realidad, para los de la Función Judicial que se aprestan a ser “evaluados”, igual que todos los del sector público, lo que está en la Constitución es casi un sueño. Hay un estudio de la sección médica de la justicia de Quito, sobre los factores de riesgo. Los más peligrosos son las afecciones de estrés laboral, fatiga laboral y presión laboral, en grado máximo. Le siguen, en orden, la ventilación inadecuada, el hacinamiento, el frío, la monotonía, el hastío; y hasta los muebles inadecuados que, a la larga, empiezan afectar la columna vertebral. Como deben numerar todas las fojas de los procesos (a veces miles), los encargados de esa tarea, que son los mismos ayudantes, sufren de afección en la mano.

Quienes se encargan de emitir o aprobar normas jurídicas, no tienen la menor idea de la fatiga cerebral que sufre un juez estudiando cada proceso, a veces de centenares y miles de fojas. Los que legislan, por supuesto, tienen oficinas cómodas, descanso a su sabor, ingieren café constantemente; perciben sueldos elevados; y no deben ocupar buses públicos para llegar al trabajo y al hogar, apretados, amenazados por los delincuentes; y las mujeres, atentadas en su pudor por alevosos sujetos que se aprovechan del hacinamiento. Solo se salvan los empleados que tienen bus de la institución.

Un cambio reglamentario reciente (7 de julio de 2011) no solo compromete a los judiciales sino a todos los empleados del servicio público. Dice: “Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización”…“en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas”. La indemnización será de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, sin superar la cifra de 150 salarios. El pago sería en efectivo. Esto equivale al despido intempestivo que ya negó la obediente Asamblea Nacional.

Para los que pretenden permanecer en el sector judicial habrá“evaluación”, en la que la “entrevista personal” tiene el más alto porcentaje y para los nuevos, concurso de méritos y oposición.

Todos sabemos lo que puede ocurrir en esta clase de mecanismos de “selección”, si lo que se pretende es cambiar unos empleados judiciales por otros simpatizantes del Gobierno de turno, como ha ocurrido en el pasado “pelucón”.