Miguel Rivadeneira

La ética por los suelos

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Lunes 03 de diciembre 2018

El caso de la Vicepresidenta de la República debe ser manejado con responsabilidad, con el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, el debido proceso y el derecho a la defensa. Son puntos fundamentales que deben cumplirse, pero no puede dilatarse como es la tónica en el país.

Cuántos casos de investigación penal contra altas autoridades del Estado están represados, incluido el del ex presidente prófugo en Bélgica y otros ex ministros y ex altas autoridades del correísmo que disfrutan en el exterior.

La Fiscalía ha iniciado una indagación previa contra la segunda mandataria por “supuestos cobros ilegales e indebidos durante su gestión como asambleísta”, sobre lo cual no debe haber presiones. Debe ser un trabajo independiente, con estricto apego a Derecho. La acusada debe desvirtuar con pruebas concretas, lo que hasta el momento no ha hecho, las acusaciones de que un empleado suyo le depositaba mensualmente dinero de su sueldo, con la supuesta o real intención de aporte a una organización política. Lo que ha hecho es deslegitimar al denunciante y cuestionar cómo se ha usado su declaración juramentada, pero no ha podido hacerlo sobre los dineros recibidos en su cuenta personal.

La participación en política debe ser transparente en todos los actos y no se puede fundamentar en determinadas normas para hacer uso de un mecanismo que evidentemente se presta para la corrupción. En caso contrario tendrán que demostrar que todas las aportaciones fueron para el movimiento o cuántos recursos fueron para la depositaria.

Según la Constitución, art. 233, ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por actos en el ejercicio de sus funciones y estará sujeto a las sanciones establecidas por delitos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Es hora de empezar a reconstituir la confianza en las instituciones dentro de este proceso de transición y de reinstitucionalización, pero eso implica que se administre justicia oportunamente, sin dilatorias. Lo contrario genera incertidumbre en los procesos instaurados. Incluso algunos han llegado a la administración de justicia por mano propia, lo cual es inadmisible e inaceptable, aunque explica un fenómeno de desconfianza.

Lo grave de todo, y más allá del tema legal, es la destrucción de los valores morales y éticos cuando se justifica que una persona elegida por el pueblo (asambleísta) pueda casi extorsionar a sus empleados para pedirles aportes supuestamente para el partido o el movimiento político, y en esto estarían involucrados muchos actores. Cómo se burlan con cualquier argumento, evaden sus responsabilidades y fomentan la impunidad. Si hubiera ética, la Vicepresidenta de la República por lo menos debiera pedir licencia hasta que se esclarezca el caso.