Farith Simon

Estulticia con la Judicatura

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Lunes 23 de abril 2018

Mientras que en el Consejo de Participación Ciudadana se acumulaban denuncias contra el Consejo de la Judicatura (345 en cinco días y sólo en Quito), su Presidente vivía uno de los últimos momentos de gloria como anfitrión de la XIX Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Esta es una reunión bianual en la que representantes de las instancias judiciales y administrativas del sistema de justicia de 23 países se reúnen como parte de un proceso de adopción concertada de proyectos y acciones para el fortalecimiento del Poder Judicial y del sistema democrático.

Los eventos hacen que el anfitrión sea el centro de los reconocimientos. Loas y agradecimientos de los asistentes, un protagonismo innegable. Pero el Presidente de la Judicatura ecuatoriano seguramente no ha podido disfrutar de este evento cuidadosamente organizado, además de las denuncias y cuestionamientos de origen local, Human Rights Watch se sumó a las organizaciones internacionales, denunció la falta de independencia de la justicia, al presentar un informe que deja en claro de forma inequívoca la injerencia política en la función judicial, con evidencias suficientes que ‘indican que altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en la resolución de casos de interés político para el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces’.

Cuando el Presidente del Consejo de la Judicatura, en el discurso inaugural de la Cumbre, decía que las reformas judiciales debían apuntar a erradicar las injusticias que se cometen contra los más desprotegidos, olvidó que para lograrlo su principal obligación era garantizar la independencia judicial, creando las condiciones necesarias para que cada operador de justicia realice su trabajo de forma independiente, ya que sin ello no se puede evitar la arbitrariedad, realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como reza el primer artículo del ‘Código Iberoamericano de Ética Judicial’. No importan los edificios, computadoras, procesos de formación, cambios procesales, si las condiciones institucionales no aseguran que los jueces estén al margen de las presiones del poder político, peor aún cuando los llamados a protegerlos de esas injerencias son los ejecutores de esas presiones.

Si el Presidente Moreno está comprometido con la reinstitucionalización del país y la actuación independiente de los jueces es imperativo que apoye la reforma de la Judicatura, un paso indispensable para que en el país se pueda hablar de un cambio verdadero. Seguir expresando apoyo a quienes fueron ejecutores del control judicial es una expresión de estulticia, de una necedad que puede convertir al régimen de Moreno en un cómplice de quienes ayudaron a que la justicia, más allá de los esfuerzos de muchos operadores de justicia honestos, se haya puesto al servicio del abuso y la corrupción.

@farithsimon