La aprobación del Código Monetario y Financiero hará que los agentes del sistema financiero comiencen a operar bajo la lógica de lo que se conoce como “banca de desarrollo”, es decir un instrumento de política pública para promover sectores económicos emergentes o industrias que son consideradas estratégicas.
Típicamente, las condiciones de financiamiento de la banca de desarrollo son más convenientes que las de la banca comercial porque los fondos prestables provienen de organismos multilaterales, de donaciones de países amigos o de recursos que un Estado destina específicamente para ese fin.
Por esta razón, la banca de desarrollo no tiene que preocuparse de que las condiciones de sus préstamos calcen con los términos en que fueron recibidos los dineros del depositante. El banquero de desarrollo debe ocuparse principalmente de administrar el lado izquierdo de su balance (los activos), porque la plata que prestó no la obtuvo de miles –o incluso millones– de depositantes, sino de unos pocos contribuyentes solamente.
En cambio, el banquero comercial sí debe administrar los dos lados de su balance general (sus activos y pasivos) porque este sí debe responder por el dinero de sus depositantes. Por ejemplo, el banquero comercial no puede prestar a una tasa menor a la que paga a sus ahorristas porque, de lo contrario, caería en mora con esos clientes.
Por este tipo de diferencias es que se crearon bancos comerciales y bancos de desarrollo. No obstante, siempre ha habido, en la clase política, la tentación de olvidar esas diferencias estructurales y utilizar a toda la banca como un instrumento más de su política económica.
Bajo la “dictadura perfecta” instaurada por el PRI y frente al languideciente precio del petróleo, en 1982 México también hizo reformas legales para declarar a la banca y al crédito un servicio público de competencia exclusiva del Estado. Por aquel entonces también se justificó aquella medida para que las autoridades pudieran planificar, conducir y orientar la actividad económica de forma que se “fortalezca la soberanía de la nación”.
En la práctica, aquella decisión solo agudizó el patrimonialismo en aquel régimen: se usaron recursos públicos y privados como si fueran propiedad exclusiva del partido, siempre para comprar apoyos o complicidades y también para atacar a los adversarios. Se destinaron recursos con criterio electoral y no para fomentar el crecimiento, lo que provocó enormes pérdidas económicas.
Para Enrique Cárdenas Sánchez, eminente académico mexicano –alumno en Yale de Albert Hirshman, el gran economista del desarrollo– la estatización de la banca de su país fue una medida tan negativa que, a la postre, originó la derrota del PRI y el retorno a la democracia años más tarde.
@GFMABest