Óscar Vela Descalzo

Un Estado paralelo

La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 171, consagra a la justicia indígena como un sistema excepcional para la solución de conflictos internos de estas comunidades, siempre y cuando sus prácticas no sean contrarias a la propia norma constitucional y a los derechos humanos.

Desde hace varios meses, ciertos dirigentes que se autocalifican como indígenas y dicen pertenecer a una comunidad denominada Kayambi, realizan actividades ilícitas de producción de flores sin el pago de regalías a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, sin pagar impuestos y sin cumplir con normas ambientales, laborales y regulatorias para la exportación de productos, aduciendo que en las zonas de Cayambe y Tabacundo, que según ellos son sus territorios ancestrales, nadie puede exigirles nada, pues no solo son “dueños de las tierras”, sino también los “propietarios únicos de los recursos naturales de la zona”.

Partiendo de estos conceptos absurdos, peligrosamente absurdos para la unidad, integridad y seguridad jurídica del Estado, estos dirigentes amenazan a las autoridades, fuerzas del orden y personas de derecho privado que pretenden hacer cumplir la ley y regularizar los cultivos de estos floricultores que han emprendido el negocio de producción y exportación de rosas en franca competencia desleal frente a las personas naturales y jurídicas que sostienen la industria formal de las flores en el Ecuador, que brindan empleo a más de ciento nueve mil personas, que cumplen con las normas ambientales, laborales y de propiedad intelectual, y que constituyen la cuarta industria exportadora con más generación de divisas para el país.

El reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas y de las demás etnias que conviven en el Ecuador, la consagración de sus derechos y auto regulación de sus conflictos internos no puede ser pretexto para pretender vivir al margen de la ley, en condición de ciudadanos superiores frente al resto de ecuatorianos, sin cumplir sus obligaciones y peor aún, amenazando e intimidando a las demás personas que formamos parte del Estado.

La informalidad en un sector como el de las flores acarrea consecuencias fatales para el país, no solo por el incumplimiento grave y manifiesto de los derechos de propiedad intelectual de empresas nacionales y extranjeras, lo que deriva en inconvenientes para la firma de tratados comerciales que se encuentran en negociación, sino también por posibles cierres de los mercados ante problemas fitosanitarios de las flores ilegales y, por supuesto, por la caída de precios, que es consecuencia directa de esa informalidad de la que se aprovechan los compradores.

Por el contrario, si ese grupo de productores entra a la formalidad y regula sus cultivos, no solo que avanzaremos juntos y con fuerza en la integración que busca este nuevo Ecuador, sino que también nos alejaremos del fantasma siniestro del Estado paralelo que persiguen los ideólogos del caos y la anarquía.