El Ecuador ha experimentado una particular evolución del pensamiento económico y de la orientación de la política económica a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Sus oscilaciones reflejan las disputas por la apropiación de la riqueza y del dominio político. La abundancia y diversidad de recursos naturales se constituyeron en factores determinantes para la especialización en un modelo económico extractivista y dependiente de los procesos industriales, tecnológicos y financieros que marcan el rumbo de la economía capitalista a nivel mundial.
En las primeras décadas del siglo XX la economía ecuatoriana se basó principalmente en la exportación de productos agrícolas, como el cacao y el banano. En el modelo agroexportador el Estado tuvo una presencia limitada en la economía, centrándose principalmente en la regulación del comercio exterior y la provisión de algunos servicios básicos.
A mediados del siglo se implementaron políticas proteccionistas para fomentar la industrialización nacional y reducir la dependencia de las exportaciones, con el modelo de sustitución de importaciones. El Estado asumió un papel más activo en la economía, creando empresas estatales y protegiendo a la industria nacional.
En las postrimerías del siglo XX, la economía se vio influenciada por las políticas del Consenso de Washington, adoptando en la práctica un modelo neoliberal caracterizado por la privatización de empresas estatales, la apertura comercial, la desregulación y la reducción del gasto público. La aplicación de estas políticas condujo a una grave crisis económica, en 1999, que desembocó en la dolarización del país. Se alcanzó la estabilidad macroeconómica, pero se limitó la capacidad del Estado para implementar políticas monetarias autónomas.
El auge de los precios de las commodities, especialmente el petróleo, impulsó el crecimiento económico, pero ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental y social. De allí la necesidad de diversificar la matriz productiva y promover un desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la equidad social.
En los inicios del siglo XXI se produce un giro hacia un modelo más intervencionista, centrado en el Estado. Su papel ha fluctuado entre un intervencionismo activo y un modelo liberal, al compás de las dinámicas internas y del contexto internacional.
El neoliberalismo en Ecuador intenta deslegitimar al Estado, generando una serie de desafíos complejos: desconfianza ciudadana en las instituciones públicas; profundas desigualdades sociales y económicas; debilitamiento de la democracia; dificultades para implementar políticas públicas eficientes. Como consecuencia, se ha generado un crítico debate sobre la importancia de repensar su papel en la sociedad. Sin embargo, la construcción de un Estado más justo, eficiente y democrático es un proceso complejo y lleno de desafíos.
Es necesario un amplio consenso político y social para avanzar en esta dirección. Su reivindicación pasa por su capacidad de proveer bienes públicos, de fortalecer la Democracia y la Participación Ciudadana, y para auspiciar la construcción de un nuevo Contrato Social orientado a la redistribución de la riqueza, la protección social y el desarrollo sostenible.
Los desafíos se encuentran en vencer la resistencia de los intereses privados de grupos poderosos, que se oponen a las reformas que limiten su poder; y los obstáculos institucionales que han tomado fuerza a medida que aumenta la corrupción.
