El ambiente de inseguridad que nos invade no tiene antecedentes en la vida de la nación: abundan las extorsiones (vacunas), los castigos y venganzas crueles y desalmados a los incumplidores de estas peligrosas exigencias. Las víctimas son comerciantes pequeños y grandes, artesanos, profesionales, propietarios de todo tipo de negocio. El irrespeto a la vida de las personas estremece, los asesinos, en su mayoría sicarios adolescentes jóvenes, están muy bien adiestrados y son altamente efectivos en sus acciones criminales. Abundan los secuestros extorsivos y no son raros aquellos que culminan con la ejecución del plagiado. Innumerables son los asaltos a hogares, tiendas, restaurantes, vehículos, transportes colectivos, transeúntes y estudiantes. Alarman los frecuentes y sanguinarios enfrentamientos entre bandas y carteles que se disputan el dominio territorial. En fin, vivimos acosados por una inseguridad, tan grande, que nos atemoriza y limita el libre desplazamiento al cumplimiento de las actividades y labores cotidianas.
El gobierno está empeñado en combatir esta tragedia social, que coloca al país y a las ciudades principales, como los más peligrosos del mundo. El enfrentamiento es desigual, porque en esta guerra el poder económico del narcotráfico ha conseguido corromper los principios y juramentos de algunos representantes de las fuerzas armadas y policiales, e inclusive han sido incorporados a sus bandas. Han pervertido a abogados, jueces y fiscales que vendieron sus conciencias, para saciar su ambición ilimitada, con una conducta torcida, totalmente contraria al equilibrio y rectitud que deben primar en la aplicación de la ley.
Las consecuencias de estas violaciones legales fortalecen y estimulan a la delincuencia con las absurdas resoluciones que toman las autoridades judiciales ante delitos flagrantes, al otorgar la inmediata libertad a los delincuentes o sancionarlos generosa e irresponsablemente con medidas substitutivas, mediante las cuales, al día siguiente de haber sido aprehendidos, salen libres para continuar atemorizando o afectando a la ciudadanía con sus acciones delictivas.
Preocupa también la enorme facilidad con la que cambian de reclusorio algunos convictos influyentes, que recibieron condenas que las debían cumplir en cárceles de alta seguridad, pero, con abrumadora velocidad, reciben la transferencia a prisiones permisivas y con comodidades especiales.
La patria ha sido herida y su corazón late adolorido por el cobarde asesinato de 11 soldados ecuatorianos que trataban de frenar a la poderosa minería ilegal respaldada por guerrilleros disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), integrantes de los Comandos de la Frontera. El gobierno ha enviado fuertes contingentes armados para que se enfrenten a las fuerzas irregulares que se introducen en el territorio nacional y mantienen fuertes nexos con el narcotráfico y con la explotación ilegal de minerales. 37 militares que efectuaban operaciones de reconocimiento ofensivo, fueron sorprendidos, en la provincia de Sucumbíos, por más de 200 hombres armados con ametralladoras, lanzagranadas, fusiles y pistolas. Los ecuatorianos evitaron el desigual enfrentamiento al percatarse de su inferioridad numérica y de armamento. Las intervenciones militares se han intensificado en el norte del país y en la región amazónica.
El gobierno está decidido a combatir la tremenda inseguridad que se expande en el territorio nacional, como un magma incontenible, por ello ha presentado el proyecto de ley económica urgente para “desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno”. Este proyecto fue aprobado, con la abstención del bloque de RC, misma que justificaron con discursos que lo invalidaban, pero que demostraban claramente la inclinación pertinaz de los correistas de no confrontar con los generadores de la corrupción y de la inseguridad.
El país espera, con angustia, efectos reales de la lucha en contra de la delincuencia, no deben existir, en estas circunstancias, partidos o grupos políticos o sociales que no confluyan en un solo frente de combate que lidere el gobierno que se esfuerza por obtener, además, soporte internacional en los aspectos financieros y bélicos y convoca al apoyo de todas las instituciones gubernamentales y cívicas, especialmente de una Asamblea responsable y patriótica, que debe entender que el momento exige un compromiso completo en favor de la patria, en contra de intereses particulares o partidistas, sin proyección nacional.
El gobierno debe concretar sus deseos de favorecer a los jóvenes con centros de educación de fácil acceso, con un sistema de salud integral en el que se priorice la atención primaria de salud y la salud preventiva y en la generación de fuentes de trabajo bien remuneradas para que esos adolescentes, que se han beneficiado del dinero fácil y abundante de la droga, encuentren en las actividades productivas decentes el futuro promisorio de beneficio personal, familiar y nacional.
