La impunidad campea en los Estados con débil imperio de la ley y una justicia en la cual meten sus manos los políticos. La falta de castigo penal a quienes cometen delitos es mal crónico del Ecuador. El escepticismo y la desconfianza que se respira se hallan, en gran medida, por las evidencias de escandalosa impunidad.
Los enriquecidos por los sobreprecios en las obras públicas y por los contratos en las comercialización del petróleo, las coimas y tantas otras formas de corrupción denunciadas, ¿han recibido ya la sentencias en procesos judiciales sin dilaciones? ¿Se ha recuperado algo del dinero mal habido?
Después de tres meses de las aciagas jornadas de octubre en las que se produjeron actos de violencia delictiva, ¿han procesado ya los jueces y tribunales a quienes incendiaron el edificio de la Contraloría, saquearon y destrozaron bienes de esa institución, buscaron destruir los archivos y documentos de las auditorías para el control de las cuentas públicas, quemaron vehículos y causaron otros daños millonarios?
¿Quiénes se hallan presos y sentenciados por el intento de quemar Teleamazonas o por la irrupción en las instalaciones de EL COMERCIO en Quito; y por los destrozos de edificios municipales y estatales en otras ciudades y los daños en varias florícolas y otras empresas? ¿Por las veintiséis UPC destruidas y la UVC quemada? ¿Se ha castigado de acuerdo con la ley a quienes retuvieron y atacaron a periodistas? ¿A quienes secuestraron a policías y militares y a los que obligaron a mujeres policías a permanecer desnudas y las ofendieron de forma miserable? ¿A los responsables de ataques a más de medio centenar de ambulancias y de haber impedido su paso para atender a heridos?
¿Se ha juzgado y sentenciado a los autores de la paralización de pozos petroleros, que causaron millonarias pérdidas económicas? ¿A los criminales que cortaron el abastecimiento de agua en ciudades como Ambato? ¿Y a quienes llamaron a los militares a quitar el apoyo al gobierno constitucional, es decir, a un golpe de Estado?
¿Se han establecido en la instancias judiciales las verdaderas circunstancias de la decena de muertos registrados por la Defensoría del Pueblo durante esos días y se conocen los responsables de ellas? ¿Y de los centenares de heridos de uno y otro lado? ¿Se ha investigado los excesos denunciados en la represión por parte de la Fuerza Pública?
Los 13 días de octubre dejaron un perjuicio que se ha calculado en USD 2 500 millones. La impunidad causa incuantificable daño social y trastorna valores éticos. Los corruptos se declaran perseguidos políticos, al igual que quienes intentaron desestabilizar el orden constitucional y salieron del país al amparo de una protección diplomática o, mejor, del compadrazgo ideológico.