Ha sido constante la diatriba lanzada por el gobierno en contra de la ex–Asamblea Nacional, con el apoyo de una apreciable y poderosa fuerza de varios sectores. La obstrucción a las propuestas del gobierno es la principal culpa que se la ha endilgado, al oponerse a la mayoría de los proyectos de ley presentados.
La Asamblea ha merecido una muy baja aceptación y credibilidad por parte del país por su mediocridad, carencia de eficiencia e iniciativa y hasta por sus triquiñuelas para alcanzar ventajas y favores de algunos legisladores. Tras de este panorama, sin embargo, ha estado subyacente, silenciosa y efectiva, una estrategia de desacreditación permanente de la Asamblea.
El maniqueísmo se constituyó en la principal herramienta para señalar a los culpables de la crisis política más seria del período democrático nacional. El país se dividió en buenos y malos. Y el gobierno se apropió de la verdad, de la capacidad para gobernar, de la infalibilidad.
No es aventurado pensar que el gobierno debe asumir gran parte de responsabilidad por haber alimentado la crisis al no asumir estrategias que den lugar a los contrapesos democráticos, sin que se los asimile como formas de obstrucción.
Con el inicio del gobierno, en mayo de 2021, para quienes apostaron a sus propuestas renació la esperanza de conseguir mejores condiciones de vida, con la confianza en las banderas de la libertad, la democracia y la apertura al mundo, enarboladas en la campaña. Pero pronto se puso en evidencia la falta de una dirección clara hacia objetivos de beneficio para el país, que puedan establecer una senda de continuidad hacia nuevos logros en el largo plazo. La ausencia de una estrategia respaldada por el conocimiento profundo de la realidad nacional y la dirección asumida en la conducción de las acciones gubernamentales, en clara contradicción a las demandas del país, determinaron que las brechas entre los estratos sociales se profundicen, aumente la pobreza, se deteriore la democracia, persista la inseguridad y la corrupción y se relajen los valores morales, que deben ser los guardianes de la pulcritud en el manejo de la cosa pública.
Una vez más queda en claro que la racionalidad – económica por antonomasia-con la que funciona el sector privado difiere de la racionalidad del sector público, en la búsqueda del bien común. Este ha sido un factor importante que explica la carencia de voluntad política del gobierno para suscitar y conducir un acuerdo nacional de concertación de objetivos y acciones prioritarias: recuperar la economía post pandemia, reducir las carencias que sufre nuestra democracia, otorgar rostro humano al sistema económico vigente.