La Corte Nacional de Justicia mantiene, desde hace dos años y medio, empolvándose en sus estanterías el caso de tres jueces de la Corte Provincial de Pichincha destituidos hace seis años por un ingeniero que presidió el Consejo de la Judicatura. Se hacen los olvidadizos de la sentencia de Séneca, que deben recordar muy bien, según la cual no hay nada que se parezca más a la injusticia que la justicia tardía.
Estos jueces de la Corte Nacional, que se resisten a someterse a evaluación, alargan la injusticia que sufren sus propios compañeros de la Función Judicial, absueltos por varios tribunales.
Se ha probado que donde hay poca justicia es un peligro tener razón, como dijo Francisco de Quevedo.
El “error inexcusable” fue la figura más utilizada por el caudillo de la revolución ciudadana para meter las manos en la justicia y destituir a los jueces que no eran sumisos. Hay que recordar estos casos porque la reparación a las víctimas del correísmo no puede soslayarse y porque, según Emerson, “una injusticia hecha en perjuicio de uno solo, es una advertencia contra todos”.
Hace seis años, un Rector de la Universidad, amigo del gobierno, despidió a varios trabajadores sin pagarles todas las obligaciones. Acudieron a la justicia y la juez que falló a favor de los trabajadores fue recusada y el caso llegó a la Corte Provincial. Tres jueces de esa Corte estudiaron el caso y fallaron a favor de los trabajadores. El Rector propuso una demanda de Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional y, al mismo tiempo, presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura de Transición.
Este Consejo es el que decidió la destitución de los tres jueces por haber incurrido en “error inexcusable”. La Corte Constitucional falló a favor de los jueces negando la acción extraordinaria de protección planteada por el Rector.
Los jueces presentaron una petición de reconsideración de la destitución al Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalhk, pero fue negada; se negó también a escuchar a los jueces.
Propusieron una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tardó tres años pero resolvió que el acto administrativo de destitución era ilegal y ordenó que en el término de ocho días sean restituidos al cargo de jueces provinciales. Para obtener también la reparación económica propusieron Recurso de Casación ante la Corte Nacional de Justicia y allí está desde hace dos años y medio.
Algún día, cuando haya justicia independiente, resolverán el caso a favor de los jueces, ordenarán el retorno a sus cargos y la reparación económica que será pagada por los ciudadanos; el caudillo, sus amigos y sus jueces, se burlarán de nosotros. Nadie tomará en cuenta el testimonio de los jueces que confesaron haber recibido visitas de emisarios del gobierno, del ministerio del Interior y del Ejecutivo para insinuar los fallos que querían.
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