Error tras error por el amigo

Las precipitaciones del gobierno y sus pronunciamientos en defensa ciega del Fiscal General llevan a un callejón sin salida, cuyas consecuencias no se miden y que podrían ser funestas. Esta decisión irreflexiva a favor del amigo, que a su vez públicamente agradece en un acto que destroza la independencia que debe haber frente al poder y en defensa de los ciudadanos indefensos, profundiza el deterioro de la imagen de la Asamblea.

El Ejecutivo intenta evitar el juicio –que no implica la censura y destitución, sino que debe garantizar en democracia el debido proceso y el derecho a la defensa- con la acusación de que están equivocados sus coidearios respecto de quien en dos o tres meses terminará sus funciones. El art. 131 de la Constitución dice que la Asamblea podrá enjuiciar durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de sus funciones.

Hacen tan mal las cosas que a la asambleísta Pamela Falconí -que votó entre los 58 a favor de la salida inmediata del Fiscal el 26 de enero pasado- le hicieron cambiar su voto por el archivo del juicio. Si se abstenía no había empate a 5 y el tema quedaba concluido en la comisión.

¿Por qué tanto miedo a la fiscalización vía juicio político? Se explican los casos de corrupción que la mayoría de la Asamblea evadió. Según el Ejecutivo, les han pedido 800 informes, pero sin resultados para el país, pese a las denuncias de irregularidades en la contratación pública en vialidad, las compras en emergencia que la Contraloría no responde, la corrupción en el Ministerio del Deporte, en donde los asesores quisieron comerse los cheques y esconder las maletas de dinero, el fracaso que llevó a los apagones, las irregularidades -según la Fiscalía- en la compra de ambulancias en el Ministerio de Salud, en tránsito, en la entrega de licencias; en el proceso de alfabetización, que el Ejecutivo proclamó al Ecuador y a la Unesco Patria alfabetizada y erradicado el analfabetismo, hecho que resultó un cuento con los informes oficiales del INEC, etc.

En la Asamblea se enredaron tanto y agacharon la cabeza ante la admonición del Ejecutivo, hasta admitir que estaban en el aire porque no se resolvió en la Comisión de Fiscalización, en donde once asambleístas les dan resolviendo a los 124. La Asamblea está en una disyuntiva: o enjuicia políticamente al Fiscal o derrumba su futuro, entierra la fiscalización y se cierra porque no pueden seguir engañando todo el tiempo con argumentos que no convencen. Debieran aprovechar este juicio político para debatir la crisis en la administración de justicia, no solo por la última destitución de magistrados de la Corte Nacional, sino porque existen miles de juicios represados, fallos cuestionados con reducción de penas y liberaciones de acusados de narcotráfico, prescripciones por negligencia y retardo judicial.

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