Al parecer, nos estamos acostumbrando al uso –en la actividad política- de un lenguaje y comportamientos ajenos a los que corresponde en la relación de gobernantes y gobernados.
Ingresamos a una campaña electoral en la que, por su propia naturaleza, las pasiones afloran. No cabe olvidar que surgen actitudes a veces extremas: el afecto y hasta el amor hacia el candidato, con exageración tal que el simpatizante se satisface con solo tocarlo. Pero esa pasión se acompaña del odio al contrincante; de la venganza, del resentimiento y el apetito de poder con todas sus ventajas, honores, halagos y la oportunidad de impartir órdenes a subalternos, sin derecho a contradicción y desobediencia, más o menos como si fuese una especie de robot.
Desde cuando el propio Presidente de la República comenzó a utilizar calificativos peyorativos contra los reales o supuestos opositores, la siembra de epítetos por parte de gente del poder proviene también de estamentos inferiores.
Así puede explicarse que un funcionario de alto nivel se permita calificar nada menos que al Arzobispo de Guayaquil como “insolente recadero de la oligarquía”; y que el Ministro de la Defensa, persona de carácter más bien tranquilo, se refiera a destacados militares, inclusive héroes de guerra, como chiflados.
Simultáneamente, el propio Jefe de Estado se refiera a los más altos jefes militares de las Fuerzas Armadas calificándolos de “mediocres”, vocablo que reparte a troche y moche contra todo real o supuesto opositor o crítico de algún acto del Gobierno, en medio de un ambiente angustioso por la situación económica, por las obligaciones por pagar entre ellas los dividendos de préstamos externos y por los juicios que perdemos en tribunales extranjeros.
Asunto de alta importancia, porque afecta a los trabajadores y su dinero entregado a ese semifracaso llamado Seguro Social; y al patrimonio de los militares en aquel otro seguro denominado Issfa; es decir, a personas que necesitan atención médica y seguridad económica particularmente en su vejez.
A los unos les privan del 40% de aporte para pensiones jubilares; a los otros, los debitan sus fondos en USD 41 millones aduciendo que han pagado demás por unos terrenos en Guayaquil.
¿Cuál la situación inmediata de los jubilados? Para los actuales habrá el dinero de sus pensiones, pero quienes se jubilen después de algunos años, ya no habrá suficiente dinero. ¿Les reducirán las pensiones misérrimas que existen actualmente? ¿No advierten la realidad de que apenas aparece una expectativa de trabajo, miles de ecuatorianos hoy desocupados aspiran a encontrar un lugar?
Y todo se respalda con leyes que aprueba la Asamblea y se dictan al granel por una mayoría que tiene el ejemplo del legislador Bustamante: obedece o se va. Y con reglamentos para toda circunstancia.