El Estado tiene obligación de financiar a la universidad pública. Eso implica que debe proveer los recursos con que las instituciones de educación superior cumplen su misión. Y si no puede aumentar de un año a otro esos recursos, al menos debe mantenerlos y no reducirlos. Por su parte, las universidades deben comprometerse a ser más eficientes, a mejorar la calidad y, sobre todo, a incrementar el número de aspirantes frente a una enorme demanda insatisfecha.
El financiamiento estatal de las universidades y politécnicas públicas se da por varias fuentes. La principal es el Fodepedeupo, un fondo alimentado por el rendimiento porcentual de impuestos, fundamentalmente el IVA y el Impuesto a la Renta, que se consideran, desde la Constitución, como “preasignados”, es decir, como rentas propias de la educación superior, a las que se suman otros aportes como el que compensa la reposición de los ingresos establecidos cuando constitucionalmente se declaró la gratuidad de programas autofinanciados. La pro forma del Presupuesto General del Estado que se envió a la Asamblea Nacional preveía un recorte en las asignaciones de buena parte de las instituciones superiores, en el marco de una serie de medidas de ahorro en el gasto público que lleva adelante el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso provocó la inmediata reacción de las universidades, que reclamaron por sus rentas, inclusive con movilizaciones masivas.
Felizmente, el asunto se resolvió rápidamente con el criterio de que se mantendrían las rentas en los montos vigentes en este año. Las universidades, siendo realistas, no aspiraron a incrementos. Y el gobierno, también con una buena dosis de realismo, vio que el recorte resultaba inviable, tanto más que la gran mayoría de la Asamblea parecía dispuesta a inclinarse a favor de las demandas.
La educación superior del país, sin embargo, sigue enfrentando grandes problemas y retos. El más grave es la necesidad de ampliación del ingreso de los bachilleres, un tema que no ha sido considerado en toda su complejidad, en especial porque no solo está relacionado con los cupos de que las universidades disponen, sino con la naturaleza del bachillerato, que es competencia del Ministerio de Educación.
Pero, de otro lado, las instituciones de educación superior deben también racionalizar el gasto y hacer compromisos serios para que la inversión estatal en su sostenimiento, que representa una considerable cantidad de recursos del pueblo ecuatoriano, sea eficiente. La universidad ecuatoriana, sobre todo si se le devuelve su plena autonomía, debe garantizar que, con los mismos recursos, es capaz de recibir más estudiantes, elevar la calidad de la enseñanza y la investigación, evitar el burocratismo. En suma, mejorar la calidad del gasto.